Dr. Agustín Carrizosa

Esta medida ha generado una importante reacción, por parte principalmente de las unidades de base del Partido Colorado, llamadas “Seccionales”, pertenecientes al partido del actual gobierno, quienes califican a este Gabinete como exclusivamente “tecnócrata”, y argumentan, que son políticos y no técnicos quienes deberían estar al frente de las principales carteras del Ejecutivo.

Esta confrontación entre quienes sostienen que la gestión pública debe ser técnica (o manejada por técnicos) y quienes sostienen que esta debe ser administrada por políticos, en la realidad representa una confrontación entre una gestión pública sustentada en un modelo político “prebendario–clientelar”, versus una gestión política orientada desde el “valor público” y hacia el “bien común”.

En otras palabras, lo que realmente está en juego en este debate es algo mucho más importante que una discrepancia entre tecnócratas y políticos. La verdadera cuestión central, implícita detrás de este disputa, es que con estas primeras acciones, el nuevo gobierno ha dado señales de que su administración planteará una forma distinta de gestión pública, que necesariamente apuntará a substituir al modelo asistencialista – clientelista, poniendo en práctica políticas públicas más efectivas para combatir la pobreza y promover un desarrollo económico y social,  más sostenible e inclusivo en el Paraguay.

Por este motivo, para algunos grupos políticos más conservadores, la formación de un gabinete esencialmente técnico, está desafiando y poniendo en jaque a un modelo político prebendario,  caracterizado por la distribución personalizada y discriminada, de bienes y servicios a favor de los “amigos o correligionarios” a cambio de apoyo político, que nos ha caracterizado por más de 200 años de vida independiente. Un modelo, que responde a la dialéctica: “mercancía premio – apoyo político” que por su mismo sentido oportunista, es muy diferente a la gestión estratégica que se sustenta en la planificación y en el logro de “resultados medibles”.  Este modelo clientelar que ha regido por muchos años la política en el Paraguay, se sustenta en esta interacción directa de beneficios personales o corporativo mutuo, y no en el interés colectivo,  dando lugar a un conjunto de prácticas y hábitos de intercambios cotidianos que se han consolidado en verdaderas “redes clientelares”, generando un conjunto de creencias y costumbres que hasta han llegado a justificar esta distribución prebendaria de bienes y servicios, terminando inclusive por legitimarlas.

Además, debemos entender que este modelo clientelar tiene su principal sustento en la existencia de necesidades básicas insatisfechas que colocan a gran parte de la población en situación de pobreza, desigualdad o desempleo, generándose, un verdadero “estado de necesidad” que es utilizado como una forma eficaz de control político: “doy empleo si me votas”, “te hago beneficiario de un programa de transferencia monetaria a cambio de tu voto”, “te proveo de medicamentos desde mi partido político y no desde los hospitales públicos”, etc. Sin embargo esta forma de hacer política, aunque muy efectiva para controlar el poder, ha impedido por años cualquier intento de una gestión estratégica para recursos, que represente un manejo más racional de los problemas y necesidades del país.

Como consecuencia de este modelo perverso de hacer política, el Estado Paraguayo no ha logrado un desarrollo sostenido que garantice el cumplimiento de los derechos más básicos de la población, ya que no se utiliza a la Política para lograr una buena Gestión Pública, sino por el contrario, se usa la Gestión Pública para lograr el Control Político. Esta contradicción podemos observar  inclusive, en los instrumentos y prácticas institucionales de planificación, programación y presupuestación del gobierno, que siguen respondiendo a un enfoque tradicional de gestión pública orientado más al control administrativo, que responde mejor al modelo político clientelar porque no mide resultados, ni tiene en cuanta la racionalidad del gasto. Estas prácticas administrativas anticuadas, pero sobretodo la falta de voluntad política al cambio, ha restringido la instalación efectiva de una metodología que permita identificar más rápidamente las necesidades y oportunidades; mejorar la eficiencia del presupuesto y pensar más estratégicamente en resultados concretos y medibles para el desarrollo.

Esta ineficacia en la gestión pública actual podemos comprobarlo fácilmente, al observar como el incremento del presupuesto público de los últimos años no han logrado los resultados esperados (proporcionales al incremento), debido principalmente a esta ausencia de un modelo de gestión estratégica eficaz que priorice y focalice los recursos públicos en intervenciones que sean realmente efectivas. Otro resultado de este modelo político, tiene que ver con la forma de asignación presupuestaria en la administración pública, que se determina generalmente en función de la inercia histórica del gasto. Sin embargo, estas asignaciones sufren importantes incrementos tras las negociaciones políticas que se dan entre los sectores políticos (generalmente en el ámbito legislativo), con ciertos grupos de poder, con una elevada capacidad de presión, como los sindicatos o gremios empresariales. Estas negociaciones “prebendarías”(intercambio de favores), que se dan entre los clientes (ciudadanos) y los  actores políticos, se realizan paralelamente al proceso presupuestario formal y afectan negativamente los esfuerzos del gobierno de implementar una gestión que racionalice el gasto público e incremente el impacto y sostenibilidad de los programas de gobierno. Esta confrontación entre modelos políticos adversos, se pudo observar en días pasados, cuando un intento del actual gobierno de promover una Ley de Responsabilidad Fiscal, que justamente ponga un tope al presupuesto fue trabado en el Congreso, aun cuando el partido de gobierno cuenta con una mayoría absoluta parlamentaria.

Consiguientemente, debemos entender que la instalación de un modelo de gestión estratégica para resultados, representa una verdadera amenaza al modelo prebendario-clientelista, con lo cual se ve muy poco probable que la clase política pueda tomar la decisión (y aún menos la iniciativa) de desprenderse de una forma de hacer política que ha demostrado durante décadas su efectividad para controlar el poder. A tal punto se ha instalado este modelo, que hasta existen “racionalizaciones” de ciertos sectores políticos que justifican el clientelismo como una responsabilidad del gobierno de dar empleo a los ciudadanos, no de generar empleo, sino literalmente “dar” empleo.

Por esto, cuando pretendemos implementar una estrategia orientada a generar mayor valor público mediante una acción colectiva, coordinada y complementaria de los actores públicos y técnicos para generar verdaderos cambios sociales de forma sostenible, estamos realmente promoviendo un cambio en la forma de gobernar, muy enraizadas en nuestra cultura política y en la forma de gerenciar el Estado. Cambios que requerirán de un proceso de “desaprender” y volver a aprender, incorporando nuevos valores y principios, donde necesariamente algunos resultarán “ganadores” y otros “perdedores”. Un esfuerzo riesgoso al cual muy pocos actores políticos son afectos, ya que éstos funcionan mejor en ámbitos conocidos y controlados.

Este intento, aun tímido, de cambiar el modelo de gestión pública, ha generado una crisis importante en el ámbito político, que sin embargo puede significar una oportunidad para introducir algunas herramientas y competencias de la "gestión estratégica para resultados" que impulse la creación de organizaciones públicas inteligentes con capacidad de aprender y desaprender continuamente, así como dando respuestas más oportunas a las necesidades y expectativas reales de la población.

Algunas de estas oportunidad que observamos actualmente para impulsar cambios son: primero, el modelo clientelar está desgastado y es insuficiente, hay mucho descontento tanto en la sociedad, como en la misma clase política, sobre todo en los sectores políticos más jóvenes, que ven en este modelo una perpetuación de los líderes más antiguos y una restricción cada vez mayor de los espacios políticos partidarios y públicos. Segundo, ha asumido como Presidente de la República un empresario (no político) que intenta realizar cambios (esencialmente técnicos), posiblemente para adaptar la gestión pública a un modelo de gestión más conocido por él y su equipo (esencialmente de empresarios). Tercero. La ciudadanía hoy es más exigente, ya no basta con la legitimidad de origen, otorgada por el voto popular; la ciudadanía tiende cada vez más a evaluar la gestión pública por sus resultados; además, hoy el ciudadano desea ser protagonista, quiere ser consultado, atendido y reconocido.

Estrategia de la Sociedad civil como contrapeso

Para aprovechar esta oportunidad la Fundación CIRD, incrementa sus esfuerzos en fortalecer a la sociedad civil organizada para que actúe como verdadero contrapeso a la inercia institucional generada por el modelo prebendario – clientelar.

Esta estrategia se basa principalmente en tres componentes:

1º Organizar a la sociedad civil en distintas modalidades de organización: consejos, comités, comisiones, etc. (Consejos de Salud, de Educación, Comité de Consumidores y Contralorías Ciudadanas, por ejemplo) para incrementar su capacidad de demanda, incidencia y control.

2º Transferir capacidades, competencias y herramientas a estas organizaciones para que puedan realizar un monitoreo y control de la gestión pública. Estas herramientas no sólo afectan positivamente a la calidad de intervención de las organizaciones sociales, sino que además, requeridas por éstas, ha obligado al sector público a ordenar sus propuestas y negociar los indicadores por los cuales ser medidos (MIDAMOS, Citizen Report Card, Service Delivery Survey, rendición de cuentas públicas, etc.).

3º Incentivos públicos, no monetarios como premios, menciones de honor, aparición en periódicos, radio o TV. El propósito de este componente es dar mayor visibilidad política a los actores que realizan una gestión pública de calidad. Aunque sabemos que con este componente difícilmente podemos competir con el rédito político del prebendarismo, confiamos en que puede ser una forma de incorporar nuevos valores a la interacción “ciudadano – representante político” que eleve su sentido “ético”.      

El nuevo presidente dijo en su discurso inaugural que, “el Paraguay es el tesoro mejor guardado de América Latina”. Pero, no basta un discurso para lograr las condiciones necesarias que garanticen el desarrollo pleno de todos los paraguayos y paraguayas. Sin embargo si creemos que es éste es un momento de oportunidad en el que debemos aprovechar los nuevos vientos de cambio, en el afán de que se institucionalice un modelo de gestión pública orientado a resultados para el desarrollo, y que finalmente podamos hablar, de un modelo político que involucre efectivamente a todos los Paraguayos en un verdadero “proyecto país”.

Fuente:

Dr. Agustín Carrizosa

Presidente Ejecutivo del

Centro de Información y Recursos para el Desarrollo

CIRD

www.cird.org.py