En el medio, una serie de inestables estructuras de madera, construidas sobre tierra seca, donde la comunidad encuentra casi imposible cultivar alimentos o cazar para sobrevivir. 

El agua es escasa, así como lo es la comida, y los aproximadamente 100 niños que viven en la comunidad, han recibido poca educación a causa de la falta de recursos –maestros e infraestructura adecuadas–. 

“En estas condiciones, no podemos tener animales, no podemos dejar a nuestros niños solos porque si viene un camión por la carretera, pueden haber accidentes. Una vez, una niña fue atropellada por un camión y ella todavía tiene problemas para caminar”, dijo Gladys a un equipo de Amnistía Internacional que recientemente visitó la comunidad. 

“También tenemos problemas con el agua, especialmente en la época de sequía. A veces ellos (las autoridades) nos traen agua y a veces tenemos que ir a buscarla a un lago que queda a dos kilómetros.” 

¿Fin en mira?

Las tierras tradicionales de los Sawhoyamaxa están en el borde oriental de la región paraguaya del Chaco y han estado en manos de dueños privados durante varias décadas. 

La comunidad tiene dos asentamientos –Kilómetro 16 y Santa Elisa– ambos sobre la misma carretera, aproximadamente a 30 minutos en auto entre ellos. 

En 1991, la comunidad indígena inició un proceso para obtener reconocimiento legal de sus derechos a tener una porción de sus tierras tradicionales. Quince años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una decisión histórica que ordena al estado paraguayo devolver las tierras tradicionales de la comunidad antes de mayo de 2009. 

A casi cuatro años del fin de ese plazo y con la comunidad todavía viviendo en un asentamiento temporario, parece que se ha abierto una puerta. 

Actualmente están teniendo lugar negociaciones entre el dueño de la tierra y representantes del gobierno para que la tierra sea devuelta a los Sawhoyamaxa. 

La organización local Tierraviva, representantes legales de la comunidad, dijo a Amnistía Internacional que ellos contaban con información que afirmaba que el dueño había recibido una oferta de tierras alternativas. Pero todavía no hay claridad sobre los términos de la negociación o la fecha para su resolución. 

“Vamos a pelear por lo que es nuestro, y lo que es nuestro es la tierra”, dijo Gladys. 

Carlos Mareco, líder de la comunidad, está de acuerdo: “El estado tiene que buscar una solución. Hay un veredicto. La situación de abandono es una realidad de todas las comunidades indígenas. Todas las comunidades indígenas están muy abandonadas”.

“Es un escándalo que la situación de los Sawhoyamaxa no se haya resuelto todavía, particularmente teniendo en cuenta que tres presidentes han pasado por el poder. Han pasado tres gobiernos pero ninguno ha tomado responsabilidad por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana,” explica María José Eva Parada, investigadora sobre Paraguay de Amnistía Internacional. 

“Los Sawhoyamaxa ya no pueden esperar, particularmente en las condiciones en las que han sido forzados a vivir. Las autoridades en Paraguay tienen que comprometerse a resolver esta situación y devolverles sus tierras ancestrales antes de fin de año.” 

Ciudadanos de segunda

Según cifras oficiales, hay aproximadamente 108.600 miembros de poblaciones indígenas en Paraguay –1,7 por ciento de la población–, aunque probablemente esta cifra subestima el número real. La mayoría vive en condiciones preocupantes y los niveles de pobreza y analfabetismo son significativamente mayores entre las poblaciones indígenas que en el resto de la población paraguaya. 

Históricamente, las poblaciones indígenas de Paraguay han sido marginalizadas y sometidas a abusos graves y sistemáticos. La Comisión de la Verdad y Justicia, que investigó los abusos cometidos durante la dictadura militar del General Stroessner (1954-1989) y la transición a la democracia, documentó homicidios ilegítimos, esclavitud, violencia sexual y venta de niños. 

El acceso a las tierras ancestrales puede hacer la diferencia entre la supervivencia y la extinción de comunidades indígenas en Paraguay. 

Comenzando de nuevo

La situación de los Sawhoyamaxa no es extraña para los pueblos indígenas en Paraguay. 

En febrero pasado, y tras una batalla legal de dos décadas, la comunidad indígena de Yakye Axa llegó a un acuerdo para asentarse en tierras alternativas. 

Sin embargo, el acceso a sus tierras no ha sido formalmente concedido –ya que la finalización de una carretera de acceso sigue pendiente desde hace casi un año– y la comunidad está peleando con las autoridades para cumplir por su responsabilidad de asegurar el acceso a servicios esenciales –incluyendo ayuda para la mudanza, acceso a viviendas, agua potable y escuelas–. 

“Era muy peligroso vivir aquí al costado de la ruta. Allá, en nuestra comunidad nueva, seguramente será diferente”, mencionó Aparicio Martínez, de la comunidad Yakye Axa, a las delegadas de Amnistía International. 

“Las autoridades en Paraguay tienen la responsabilidad de asegurar que ambas comunidades indígenas, Yakye Axa y Sawhoyamaxa, puedan regresar a sus tierras y disfrutar los servicios básicos para poder desarrollar su comunidad y vivir en dignidad, tal como lo estableció la Corte Interamericana”, dijo María José Eva. 

“La tierra es importante para nosotros porque la usamos para sobrevivir, para cultivar alimentos y criar animales. El bosque es importante para nosotros porque el bosque es vida. Aquí, al costado de la carretera, no podemos cultivar nada, por eso estamos peleando para regresar”, dice Gladys, pero es difícil escucharla por el ruido de los camiones.

Contactos con Angeles Riobóo, Vicedirectora de Comunicación de Amnistía Internacional Paraguay, a los teléfonos 604 – 822 / 600 – 737 o al correo electrónico: comunicacion@py.amnesty.org

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Angeles Riobóo, Vicedirectora de Comunicación de Amnistía Internacional Paraguay