La solución no está en llenar cárceles de niños. El problema es que los adultos utilizarán a niños cada vez más pequeños para seguir cometiendo delitos, valiéndose de la inocencia de los mismos y de su condición de “inimputables”. En otros países, como Brasil, se produjeron reformas legales a través de las cuales se duplicaron las penas a los adultos que cometan delitos utilizando a menores de edad para dicho propósito.
Cabe mencionar que de encontrarnos ante el supuesto de un cambio en la ley, el mismo afectaría no solamente a los niños y niñas que comenten hurtos y que en general la sociedad los ve como “los otros”, “los marginales” o “Los Pirañitas”. Cualquier niño que le pegue a su compañero de colegio podría ser denunciado e imputado por lesión corporal a los 12 años.
Está visto además, que los centros de detención para adolescentes no se constituyen en la mayoría de los casos en sitios donde reencauzar sus vidas, sino en un camino sin salida ni alternativas. Los niños y niñas aunque parecieran comportarse como adultos no pueden ser tratados como tales pues se encuentran en proceso de desarrollo, están aprendiendo sobre lo que está bien o está mal así como sobre las consecuencias de sus actos.
Es importante no olvidar que los delitos cometidos por los niños frecuentemente son hurtos o robos y que la mayoría de los que se ven involucrados en estos actos, son niños/as que provienen de entornos de pobreza y vulnerabilidad, sin que sus derechos más básicos como la salud, la nutrición y la educación sean atendidos. Estos niños no han podido gozar de las actividades propias de su edad, tales como el juego, el deporte, la recreación, y obviamente tampoco de la protección de una familia.
Debido a lo anterior, UNICEF considera que una respuesta definitiva a esta problemática requiere una intervención conforme con la responsabilidad que tienen los Estados y la sociedad de proteger a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en pleno proceso de desarrollo.
Además de fortalecer los programas de protección social para apoyar a las familias a cumplir su rol de ser la primera instancia de protección del niño. Por ejemplo, el Programa PAINAC destinado a atender a niños y niñas que viven en la calle y tienen adicciones, el Programa Abrazo, que busca la eliminación progresiva del trabajo infantil, ambos liderados por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Abrazo cuenta con apoyo de UNICEF. Otro ejemplo, sería el Programa Tekoporá, que atiende a familias rurales y urbanas en extrema pobreza, obligando a través de las corresponsabilidades a que los niños y niñas asistan a la escuela y tengan atención médica. No obstante, aún son necesarios mayores esfuerzos para contar con programas que atiendan el problema de la adicción a las drogas desde la prevención y la atención, con cobertura para todo el país.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño constituye un paso histórico al establecer, de forma universal y sin ambigüedad, que los niños son sujetos de derechos. Derechos que han sido considerados en el ordenamiento nacional a través del Código de la Niñez y de la Adolescencia. La Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia vela, conjuntamente con la Sociedad Civil, por el cumplimiento de los mismos articulando con los demás organismos del Estado las políticas a favor de la infancia.
UNICEF es el organismo de Naciones Unidas que tiene como mandato el promover los derechos del Niño. Como organismo internacional colabora con los Estados y la sociedad civil. Para este fin pone a disposición de los países su cooperación técnica, conocimientos, experiencia internacional y recursos no reembolsables. En este caso tiene la intención de propiciar una reflexión y se pone a disposición para la búsqueda y aplicación de soluciones por parte del Estado y de los actores sociales, responsables de desarrollar e implementar una respuesta a esta problemática.
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