El Informe Paralelo sobre el grado de cumplimiento de la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción en Paraguay, elaborado por organizaciones de la sociedad civil, refiere que uno de los puntos esenciales para el combate a la corrupción es el fortalecimiento de los mecanismos referidos a acceso a la información y promoción de la participación ciudadana y que estos sean institucionalizados y generalizados en su cobertura.

“Esto debe darse a través de normas que establezcan y hagan obligatorias las prácticas institucionales de transparencia activa y promoción de participación ciudadana, y también del desarrollo de nuevas capacidades en las personas y las instituciones para poder atender estas demandas”, expresa parte del documento.

Para el grupo de las ONG que conforman el equipo de trabajo a cargo del informe, la corrupción es considerada como un problema grave que atenta contra la institucionalidad que sustenta la democracia y, por ello, debe ser combatida involucrando en esta lucha a diferentes actores sociales, incluidas las organizaciones de la sociedad civil.

En informe paralelo fue realizado por la sociedad civil para la IV Ronda de Análisis de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC). Fue preparado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), Semillas para la democracia, Gestión Ambiental (GEAM) y el Centro de Políticas Públicas, de la Universidad Católica. El objetivo fue analizar, desde la visión de la sociedad civil, el cumplimento de los compromisos asumidos en la Convención Interamericana Contra la Corrupción por parte del estado paraguayo.

Dicho documento fue presentado a la comisión del MESICIC/OEA, como actividad inicial de la visita in situ, en un encuentro con el equipo técnico responsable del Informe paralelo sobre el MESICIC en Paraguay.

El análisis realizado ha comprendido la revisión del marco normativo y de las iniciativas llevadas a cabo por instituciones de los tres Poderes del Estado con respecto al objeto de estudio referido previamente.

Este informe refiere además que igualmente, deben ser desarrolladas nuevas capacidades en las personas y las instituciones para poder atender estas demandas. “En particular, es deseable que el Gobierno avance decididamente en la implementación del plan de gobierno electrónico, y que este sirva para aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para propiciar la participación ciudadana en la gestión pública.

Además, es perentorio que el Gobierno restituya un espacio de interacción con la ciudadanía para propiciar la participación de distintos actores sociales en las iniciativas que se lleven a cabo para combatir la corrupción. Desde la sociedad civil, afirmamos que es momento de consolidar los espacios de participación y mecanismos de acceso a la información pública a través de la sanción de las respectivas leyes, al igual que ganar en consistencia y dirección en las medidas de carácter administrativo que las instituciones de los tres Poderes del Estado pueden llevar a cabo en uso de sus atribuciones” sostiene el documento compartido con la prensa y líderes de opinión.

Destacan alcances de la nueva Ley Orgánica Municipal, 3966/2010

Este informe paralelo afirma que si bien en materia legislativa no ha habido avances, , cabe referir que la nueva Ley Orgánica Municipal, 3966/2010, incorpora en su artículo 68 la siguiente disposición: “Del Acceso a la Información. Obligación de Proporcionar Información. La Municipalidad estará obligada a proporcionar toda información pública que haya creado u obtenido, de conformidad al artículo 28 “Del derecho a informarse” de la Constitución Nacional, dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser mayor de quince días”.

Los proyectos de Ley de Acceso a la Información y de Participación Ciudadana no han recibido un trato prioritario de parte del Congreso Nacional y sigue la espera de su tratamiento.  “Es conveniente señalar que, a pesar de las dificultades que genera no contar con estas leyes específicas, en el periodo de observación se han identificado varias iniciativas en materia de mecanismos que contribuyen con la prevención de la corrupción pública; entre estas cabe referir las Unidades de Transparencia y Participación Ciudadana, al igual que las Oficinas de Comunicación que se encargan de difundir informaciones referidas a la gestión institucional. No obstante, no se ha identificado que estas iniciativas respondan a un esfuerzo articulado desde cada poder del Estado, sino más bien al interés particular de las autoridades de turno, con el riesgo consecuente de que, al ser estas cambiadas, las iniciativas se desvanezcan.

Como ejemplo se puede mencionar la diversidad de enfoques y funciones que estas unidades tienen, la ausencia de estándares compartidos que generan distintos grados de calidad sobre la tarea realizada y la escasa orientación a la rendición de cuentas basada en resulta3dos de estión.  Por otro lado, si bien ha aumentado la cantidad de instituciones que cuentan con páginas web, en estas no están establecidos los campos que deben ser atendidos de esta manera obligatoria, situación que genera gran disparidad en la calidad y variedad de información que cada ente pone a disposición de la ciudadanía”

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