Según la comunidad, la tala ilegal de árboles ha estado teniendo lugar en una parte de las tierras ancestrales que la comunidad lleva años reclamando y que son propiedad de dos empresas cuyo representante es un individuo particular. La comunidad alega que la deforestación lleva muchos meses produciéndose, pese a la existencia de una orden judicial que prohíbe los proyectos de desarrollo (“medida de no innovar”) en las tierras reclamadas. Las grabaciones en vídeo realizadas por la comunidad en mayo muestran los daños tras la intensa tala. La Fiscalía de Medio Ambiente está investigando un posible delito medioambiental. El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el ministerio público recogieron pruebas de la deforestación en mayo. Sin embargo, los Sawhoyamaxa han denunciado que siguen retirándose del lugar antiguos postes de madera.

Durante más de dos décadas, los Sawhoyamaxa han librado una batalla legal para que les sea devuelta una parte de sus tierras ancestrales, en una zona de la región oriental del Chaco. Las tierras reclamadas son un área de unas 14.400 hectáreas.En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Paraguay que devolviera las tierras ancestrales a la comunidad. Sin embargo, no fue hasta septiembre de 2011 cuando, con la firma de un acuerdo inicial entre las autoridades paraguayas, las dos empresas y los dirigentes de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, se sentaron las bases para la restitución de las tierras ancestrales de la comunidad. Desde entonces, los intentos por alcanzar un acuerdo sobre las tierras han sido infructuosos. Los Sawhoyamaxa sienten honda preocupación por las persistentes demoras, y piden al presidente que intervenga para lograr un acuerdo definitivo y para asegurarse de que Paraguay cumple la resolución de la Corte Interamericana. Los Sawhoyamaxa, al serles negado el acceso a la tierra, no han podido realizar sus actividades tradicionales, fundamentales para su supervivencia. Si las tierras resultan dañadas, les será aún más difícil continuar con su forma de vida.

Se exige:

·         a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias para que cese de inmediato la tala de árboles en las tierras ancestrales de los Sawhoyamaxa y para que se indemnice a la comunidad por los daños causados;

·         pidiendo al presidente de Paraguay que intervenga urgentemente para lograr sin más demora un acuerdo sobre las tierras, con el fin de que la comunidad indígena Sawhoyamaxa pueda regresar a sus tierras ancestrales, conforme ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006.

Ingresar aquí para firmar: http://www.amnesty.org.py/actua/Tierras-indigenas-en-peligro

Información adicional

Desde la década de 1990, un centenar de familias de la comunidad Sawhoyamaxa, perteneciente al grupo étnico enxet, viven junto a la carretera que une Pozo Colorado y Concepción. Reclaman el derecho a vivir en sus tierras ancestrales, actualmente en manos de un propietario particular. Ante la inacción del Estado paraguayo para resolver sus reclamaciones de tierras, y con la ayuda de Tierraviva, una ONG que la apoya, la comunidad Sawhoyamaxa llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, posteriormente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte concluyó que se habían violado los derechos de la comunidad a un juicio justo, a la protección judicial, a la propiedad y a la vida. La sentencia de la Corte Interamericana obligaba a las autoridades de Paraguay a restituir a la comunidad sus tierras ancestrales en un plazo de tres años. Ese plazo se agotó el 19 de mayo de 2009.

En febrero de 2012, las autoridades paraguayas y un propietario de tierras alcanzaron un acuerdo que permitirá a otra comunidad indígena del grupo étnico enxet largamente desplazada, los Yakye axa, regresar a sus tierras. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado a Paraguay que restituyera sus tierras a los Yakye axa. Al igual que los Sawhoyamaxa, la comunidad indígena Yakye axa ha librado una batalla legal para que le sean devueltas sus tierras ancestrales, mientras unas 90 familias se veían obligadas a vivir en condiciones de miseria junto a una carretera cercana. Tras el acuerdo, los Yakye axa confían en poder trasladarse pronto a sus tierras.