Juan Bautista Cardozo (medio) junto a sus compañeros y compañeras de Costa Rosado, Frente a la Defensoría.

“Seguimos vivos”

El pasado miércoles 12 de junio, fecha en que se recordó a los héroes de la Guerra del Chaco, otros héroes olvidados se encontraban frente a la Defensoría del Pueblo. Tímidamente les pregunté qué hacían en aquel lugar y me contestaron que estaban reclamando la indemnización por el caso de Costa Rosado, durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954 -1989).

Al pronunciar Costa Rosado, se me vinieron las páginas del Informe Final, y los cientos de testimonios que contaban acerca de aquel caso. “Vale mucho este nombre mi hija”, expresó Juan Bautista Cardozo Báez, luchador de las ex Ligas Agrarias Cristianas de Costa Rosado, departamento de Caaguazú, “Porque seguimos vivos”, acotó, mientras anotaba su nombre.

Sitiaron la comunidad

Costa Rosado, está ubicada en el departamento de Caaguazú, a 150 kilómetros de la capital. En la madrugada del 12 de marzo de 1980 fue invadida por alrededor de 400 militares de la dictadura stronista fuertemente armados. “Con helicópteros y todo rodearon  la escuela, las casas y empezaron las detenciones y represalias. Meses enteros estuvieron”, afirma Juan Bautista y pareciera que no le caben las palabras para tanto recuerdo.

Juan Bautista Cardozo tenía 17 años cuando le apresaron por primera vez en 1969. Era uno de los pytyvohára (los que ayudan)- docentes- de la escuelita campesina de Caaguazú. “Nos decían que éramos comunistas y después arrasaron con todo, nos torturaron, a los niños indefensos y destruyeron con todo la esperanza (…) Hasta ahora tengo todas las marcas en el cuerpo y lo que más duele es que nunca vino la justicia”, aseveró mientras esperaba que les atiendan en la Defensoría del Pueblo, entidad que fue establecida para la reparación histórica a las víctimas.

Tortura a niños niñas durante la dictadura en el Informe Final de la CVJ

El Informe Final Señala que la violencia política ejercida contra los niños, niñas y adolescentes durante la dictadura de Stroessner se tradujo en la falta de garantías legales de protección y de cómo fueron violados sus derechos.  Hoy ya son personas adultas que viven con las secuelas de los momentos de represión.

“Los niños y niñas también fueron víctimas de las torturas físicas y psicológicas que sufrieron las personas adultas, incluyendo los dolores extremos de la asfixia por inmersión en agua (pileteada) y la electricidad, la violación sexual por una o varias personas y otras situaciones, como las detenciones arbitrarias, los sitios militares a las comunidades y el exilio. También se pudo registrar la ejecución extrajudicial en niños y niñas víctimas de tortura o por falta de atención médica. Los niños y niñas debido a su vulnerabilidad física y emocional dependen directamente de los padres y la comunidad, e indirectamente de las estructuras de poder político y económico, para su bienestar. En la época de la dictadura fueron violentados sus derechos humanos sin que tuvieran la posibilidad de defenderse o esconderse”.

 “Esto se debe a que en esos años sitiaron a comunidades enteras donde se practicó violencia directa contra los niños, niñas y adolescentes. En 1976 y 1980 existieron hechos de tortura física, que van desde golpes de puño a asfixia por inmersión (pileteadas), torturas psicológicas, como humillaciones, amenazas de muerte a los padres, presenciar la detención o tortura de los padres y hechos de violencia sexual. (…) En el año 1980 se encuentra el 21% de los casos de violencia hacia los niños, totalizando 49,1% de los casos de violencia política contra la infancia en la época de la dictadura”.

Las indemnizaciones y la Defensoría del Pueblo

Según lo manifestado por Cardozo ya han venido a la capital varias veces para solicitar a la Defensoría que movilice los expedientes para el pago de indemnizaciones, sin embargo, hasta la fecha se ha dilatado su caso con el de cientos de sus compañeros campesinos. “Ahora nos dicen que en 15 días volvamos de nuevo y así nos tienen…”, lamentó.

Finalmente expresó que las víctimas esperan que pueda difundirse su caso de modo a poder obtener una respuesta rápida y concreta por parte de la justicia paraguaya.

El defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, ya en febrero de este año fue convocado por la diputada Olga Ferreira para que proporcione explicaciones sobre las solicitudes de indemnización de víctimas de la dictadura y sobre su gestión que ha sido duramente cuestionada  por parte de los afectados.

Enlaces de interés:

http://www.meves.org.py/

¿Qué es el informe final? Video http://bit.ly/14jlE2X

Hojea el Informe Final de la CVJ que contiene 8 tomos: http://bit.ly/ovttC8