La organización, que está compuesta por más de tres millones de miembros y activistas de aproximadamente 150 países, entregó las firmas, acompañadas con cartas individuales al Presidente Horacio Cartes y ambos presidentes de las cámaras del Congreso Nacional, en las cuales, además, solicitan audiencia con las nuevas autoridades. Amnistía Internacional considera esto una primera oportunidad para dialogar con las nuevas autoridades para conocer sus posturas respecto a los DD.HH.

Amnistía Internacional exige que las nuevas autoridades priorice y aborde eficazmente las siguientes cuatro áreas de trabajo:

·         Respeto y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Paraguay es el único estado de la región que enfrenta tres sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos de tres comunidades indígenas (Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Xámok Kásek) a sus tierras ancestrales. Las nuevas autoridades deben abordar con carácter de urgencia el pleno cumplimiento con estas decisiones internacionales. Sin sus tierras ancestrales los pueblos indígenas no pueden realizar sus actividades tradicionales, esenciales para su supervivencia. Asimismo, las autoridades deben desarrollar mecanismos transparentes y eficientes para dar solución a las demandas de tierras ancestrales de los pueblos indígenas en Paraguay.

·         Independencia e imparcialidad de la administración de justicia en el marco de las demandas de tierras de grupos campesinos/as y de comunidades indígenas.

En ocasiones, las demandas generan conflictos que terminan en violencia. En el caso de las 17 muertes (6 policías y 11 campesinos) en Curuguaty en junio de 2012, Amnistía Internacional urge a las nuevas autoridades que se aseguren investigaciones imparciales e independientes para resolver todas las muertes y procesos judiciales con plenas garantías.

·         Compromiso con el pleno respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas.

Esto implica pleno acceso a los servicios de salud y provisión de información sobre dichos derechos para toda la población sin discriminación.

·         La pronta ratificación de todos los tratados internacionales de derechos humanos y su adecuación a la legislación interna.

Se debe seguir avanzando en la adhesión del Estado a normas internacionales, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite la presentación de quejas internacionales en Naciones Unidas por violaciones de estos derechos. Es también imperativo la inmediata adecuación de normas nacionales a las obligaciones internacionales, como la adopción e implementación de una ley contra la discriminación que esté en línea con los estándares internacionales de derechos humanos e incluya una provisión de prevención y sanción de discriminación basada en todos los motivos que requiere el derecho internacional. 

Amnistía Internacional reitera que las nuevas autoridades tienen la oportunidad de convertir su obligación de proteger y promocionar los DD.HH en una realidad. Insta a que no sea una cuestión de discurso, sino un compromiso real de producir cambios tangibles para las personas en Paraguay.

Enviado a la Agencia SC Noticias por:

Frank Conde Tangberg

Vice Director de comunicación

Amnistía Internacional- Sección paraguaya

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