Aproximadamente de cada 10 paraguayos económicamente activos, 5 están en la economía informal. Esto frena el crecimiento de más del 40% en el potencial económico del país y significa US$  11.701 que no pagan impuestos. Estos datos se desprenden de una investigación sobre economía informal realizada por la Asociación Pro Desarrollo Paraguay, que será presentada el próximo jueves 20 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Hotel Crowne Plaza.  

La investigación, titulada “Economía informal y desarrollo humano”, realizada por PRO Desarrollo Paraguay, asociación de varias empresas que operan en nuestro país, estuvo a cargo de profesionales investigadores paraguayos, componentes del Instituto de Economía Sostenible de la Universidad Nacional de Asunción: Julio Fernández F.; Bernardo D. Rojas P.; Cíbar R. Granada; y como coordinador del proyecto, Héctor Corrales.

Según esta investigación, se estima que la economía informal movió alrededor de US$ 11.700 millones en el último año, que representa el 39,5% del Producto Interno Bruto (US$ 30.000 millones) del país. Este monto es 10 veces más que la emisión de bonos que Paraguay realizó al mercado internacional de valores y es tres veces más que nuestra deuda externa.

El Director de PRO Desarrollo Paraguay, Sebastián Acha, indica que este informe busca ser una herramienta de diagnóstico que impulse una discusión y reflexión acerca de soluciones posibles para la formalización de nuestra economía, como pilar fundamental para que Paraguay sea una de las economías más sólidas de la región.

A partir del diagnóstico realizado, se revelan números y principales datos que arroja la economía informal en Paraguay. A partir de estos números se espera generar un debate sobre la forma de vida de las personas que se dedican a la economía informal y las consecuencias que trae este tipo de ocupaciones a la economía paraguaya.

Entre los impactos señalados en la investigación, se mencionan:

·  Impuestos: menos recaudación es igual a menos recursos del gobierno para invertir en infraestructura, educación, tecnología, salud, asistencia social, viviendas.

·  Contrabando: menos competitividad para las empresas locales, que se ven forzadas a cerrarse. Esto crea un grupo grande de trabajadores que se queda sin trabajo y con esto se crea el camino para la perpetración de otros crímenes.

·  Trabajo informal: falta de protección en materia de seguridad y previsión social (seguro social, descansos legales mínimos, salario mínimo, bonificaciones mínimas en caso de horas extras, protección contra labor infantil).

Responsabilidad compartida

Acha es enfático en cuanto a la responsabilidad compartida tanto en la problemática como en la solución. Señala que “existe siempre una idea de que los actores ‘son otros’. Sin embargo, en cierta manera o en ciertos segmentos del circuito informal todos somos parte: cuando no pedimos factura, cuando compramos bienes que son notoriamente ilegales o robados, cuando buscamos obtener una ventaja económica al pagar un servicio y preferimos pagarlo ‘así nomás’ (sin factura)”.

En el informe se menciona a los cuatro autores de esta situación: 1) los autores activos (sujetos obligados que incurren en evasión, contrabandistas, ambas partes de una relación laboral informal); 2) los autores pasivos (compradores de productos ingresados mediante el contrabando); 3) las autoridades (corrupción, mala gestión pública, mala ejecución de presupuesto y gastos, autoridades que incurren en infracción y contrabando); y 4) la sociedad en general.

El director de Pro Desarrollo Paraguay adelanta parte del estudio que según señala, indica que reduciendo al 50% la economía informal, se puede generar recursos para:

·  663 Km de ruta asfaltada por año

·  Aumentar 44% los gastos de capital para toda la administración central

·  47.000 nuevas aulas por año

·  aumentar 65% el presupuesto para salud

·  Duplicar los recursos para Promoción y Acción Social

·  Crecimiento del 2.000% de los fondos en Ciencias y Tecnologías

Sobre PRO

La Asociación Pro Desarrollo Paraguay fue fundada el 25 de Junio del año 2012 por un grupo de empresas que operan en el marco de la legalidad y trabajan bajo una plataforma de valores comunes y compartidos.

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