La Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Luz Patricia Mejía, inauguró el panel de la mañana con una intervención acerca del estado del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en las Américas y afirmó que “la inclusión de las mujeres en todas las esferas de la política fortalece la democracia, ya que promueve el pluralismo político mediante la integración de las voces y demandas de las mujeres”. Se refirió luego a algunos de los avances en materia de participación y representación política de las mujeres en la región, entre los cuales destacó los cambios normativos y de políticas públicas que se están realizando para reconocer el derecho de las mujeres a participar en la vida política en igualdad de condiciones; al aumento en la representación femenina en los altos cargos, sobre todo en el ámbito legislativo y ejecutivo; a la creciente elección de mujeres como Presidentas o Primeras Ministras; y a la creación de institutos y ministerios para promover los derechos humanos y el liderazgo.

En términos de desafíos, la relatora de la CIDH comentó que, aunque las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población del hemisferio, estos números “no se reflejan en los niveles de toma de decisiones en las esferas civiles, políticas, económicas, sociales y culturales”. Afirmó que “hoy las mujeres tienen acceso limitado a los cargos públicos y al ejercicio del derecho a votar y a permanecer en los puestos de poder y las relaciones desiguales”, abogó por lograr no sólo una representación numérica, sino una presencia “cualitativa de los intereses de las mujeres y de aquellos que beneficien la igualdad de género”, y reclamó que “los derechos e intereses de las mujeres sean parte de la agenda política nacional, y que sean incorporados en la legislación, las políticas públicas y las decisiones judiciales”.

En un panel moderado por Virginia Vargas, Fundadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, institución feminista que promueve la ciudadanía de las mujeres, Mejía informó también sobre algunas recomendaciones que ha recogido la CIDH sobre el tema, entre ellas, crear las condiciones necesarias para eliminar los obstáculos estructurales y formales que enfrentan las mujeres en el acceso a los puestos de toma de decisión; identificar alternativas para superar los obstáculos económicos de las mujeres y fortalecer los mecanismos de financiamiento público que promueven la participación política de las mujeres en la región; y “adoptar medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios

La Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, complementó la presentación de la Relatora y se refirió a los desafíos para la evaluación del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y las herramientas y enfoques que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ofrece a las mujeres para hacer frente a esos desafíos. “El primer reto y el más básico es que el derecho de las mujeres a participar plena y libremente en la vida política es un derecho adquirido”, afirmó, un desafío que habitualmente se encuentra con la dificultad de los Estados para entender que se trata de un derecho que “da lugar a una serie de obligaciones por su parte”. “Aún cuando el gobierno central haya reconocido este derecho, muchos funcionarios a nivel local no necesariamente lo entienden tal como es y no asimilan que deber ser respetado a todos los niveles”, advirtió.

La representante de la CIDH hizo alusión al vínculo entre violencia y discriminación y al hecho que la violencia es entendida como un impedimento para que las mujeres puedan desarrollar plenamente su vida social, económica y política. “Uno de los grandes obstáculos que las mujeres enfrentan en su capacidad para ejercer sus derechos políticos es el tema de los estereotipos, por eso el reconocimiento del vínculo entre discriminación y estereotipos es importante”. Abi-Mershed promovió la labor de la CIDH y en general del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por “el énfasis que se ha puesto en la democracia y los derechos humanos, lo cual es inusual". Los temas de sufragio, de fortalecimiento de las instituciones democráticas, y de participación son una prioridad a nivel regional, añadió, y "esta característica se refleja también en la Carta Democrática Interamericana, un conjunto único de principios que se aplican a nuestro sistema”.

Rose Mary Madden, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), expuso acerca del monitoreo hemisférico del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y enfatizó que es deber de los Estados eliminar los estereotipos sexistas mediante el estimulo de la educación mixta y en particular por medio de métodos de enseñanza inclusivos. Al referirse a la Convención de Belem do Para, por la que los Estados Miembros se comprometen a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, resaltó que la región de América Latina y el Caribe es la única del mundo que cuenta con un instrumento de tal naturaleza, el cual “va más allá de una acción afirmativa”.

Madden afirmó que una de las situaciones que impide la participación de las mujeres en la vida política es el miedo, así como el temor “a la violencia sexual que puedan vivir las mujeres en lugares públicos”, y animó a que se tomen medidas para combatirlo.

Silvia Pimentel, Experta del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, enumeró varias de las iniciativas que realiza la CEDAW en la construcción de la ciudadanía de las mujeres, y aseguró que la mejor vía para avanzar en esta materia es mediante la construcción de puentes intraestatales e intrarregionales. Explicó que Convención de la ONU sobre la materia, a la que se refirió como “la Carta magna de los derechos de las mujeres”, propone dos frentes: “promover la igualdad y reprimir la discriminación que sufre la mitad de la población universal”.

La experta de la CEDAW informó que a la fecha 101 Estados han ratificado la Convención , y presentó algunos aspectos “que podrían merecer una atención conjunta mas articulada para avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres”, entre ellos: la colaboración para la difusión y visibilidad de la Convención y su protocolo facultativo; ampliar el diálogo entre las instituciones del sistema regional y el de las Naciones Unidas; generar acciones conjuntas para implementar las recomendaciones del CEDAW; animar la coordinación en actividades de capacitación y desarrollo de materiales para educar a los Estados en la importancia y compromisos de la Convención; y recordar a los Estados la obligación que han adquirido de luchar contra la discriminación y de promover la igualdad de las mujeres mediante medidas legislativas, administrativas, y judiciales.

Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org

Fuente:
Prensa Organización de Estados Americanos