Gustavo Rojas de Cerqueira César

¿Cómo se ubica al Paraguay en el tema de la distribución de tierra?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), Paraguay es el país con la peor distribución de la tierra en todo el mundo. En Paraguay, el indicador Gini de desigualdad de la tierra, que se mide de 0 (más igual) a 1 (más desigual), se sitúa en 0,93. Otros países de América del Sur le siguen en este ranking mundial: Perú (0,86) y Brasil (0,85). La gravedad del cuadro se amplía si agregamos que Paraguay es el país con el mayor nivel de población rural en América del Sur.

En términos más precisos, el 2% de las unidades agrícolas paraguayas (alrededor de 6.400 granjas) ocupan el 82% de la superficie explotada para agricultura y ganadería. O sea, de un total de 24 millones de hectáreas en uso agropecuario, 20 millones (la mitad del territorio nacional) son ocupados por apenas el 2% del universo de unidades agrícolas.

Se dice que la desigualdad de la tenencia de la tierra es histórica en el país porque persiste desde el periodo colonial. No obstante, pueden ser identificados dos claros periodos de inflexión histórica: i) el periodo posterior a la Guerra de la Triple Alianza, cuando las haciendas del Estado fueron seguidas por la división del territorio entre empresas de capitales extranjeros, mayoritariamente anglo-argentinos, para la explotación del tanino; ii) la “reforma agraria” promovida durante la dictadura de Stroessner, cuando el 2,5% del universo de beneficiarios retuvieron ¾ del total de 12 millones de hectáreas de tierra asignadas.

¿Cómo afecta al sector campesino en particular y al país en general esta crisis desatada por la desigualdad de la tierra?

En un país con una elevada tasa histórica de natalidad, con un proceso de urbanización tardío, donde la migración campo-ciudad no fue acompañada por avances sustantivos hacia la industrialización y la elevación y mejora equitativa de la carga tributaria, la desigualdad de la tenencia de la tierra constituye un factor clave para explicar la baja productividad de la economía, la persistencia de una elevada parcela de la población en condiciones de extrema pobreza y la histórica resistencia política a la implementación de cambios estructurales.

¿Qué solución sugiere para resolver el dilema de los grandes productores versus la pequeña y mediana agricultura campesina?

Las políticas a ser implementadas para fomentar una mejor distribución de la tierra y reducir la asimetría de productividad de la agricultura paraguaya son variadas, amplias y complementarias.

En lo estricto a la tenencia de la tierra, no hay dudas que la baja carga tributaria del impuesto sectorial (IMAGRO) –cuya alícuota  se calcula sobre el valor fiscal de las propiedades (crecientemente deprimido en relación a los valores de mercado)– y la posibilidad de variadas formas de deducciones para los propietarios de grandes inmuebles generan incentivos para la sobrevalorización de los inmuebles pues actúan como subsidios implícitos al sector agropecuario, alentando la especulación inmobiliaria, concentración y subutilización de la tierra. Las recientes modificaciones al IMAGRO, anunciadas este año, buscan mejorar la recaudación del impuesto.

Se podría estudiar la implementación progresiva de un sistema de auto-tasación de propiedades para la cobranza del impuesto. Aquellos propietarios que declararan el valor de sus propiedades próximo de los valores de mercado obtendrían deducciones temporarias. También se podría pensar en ajustar la alícuota
del impuesto a las grandes propiedades localizadas en áreas agrícolas que presenten calidad de suelo superior al promedio nacional, como recientemente realizado por Uruguay.

La inmediata y gratuita titulación de las propiedades beneficiadas por la reforma agraria resultaría en una mayor seguridad jurídica de estas propiedades, posibilitando una mayor canalización del crédito al financiamiento de la producción campesina. Por otro lado, el aumento del costo fiscal de la subutilización de la tierra fomentaría una ampliación de la oferta de tierras y reducción de su precio, posibilitando una ampliación de la compra de tierras por el Estado en beneficio de la reforma agraria.

Aun en lo referente a los temas fiscales, también se merecería analizar la posibilidad de implementar un impuesto a las exportaciones de granos de soja, que responden actualmente a 10% del PIB de Paraguay.
El gravamen generaría incentivos para el procesamiento del grano internamente y ayudaría en la manutención del equilibrio del tipo de cambio real, desalentando burbujas inmobiliarias y apoyando el control de la inflación. Los recursos recaudados por el impuesto a las exportaciones podrían ser direccionados al recién creado Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria, fomentando inversiones en la descubierta de tecnologías endógenas para los problemas agrícolas paraguayos y ampliando la asistencia técnica a los productores, especialmente los campesinos.

Objetivando la ampliación de los mercados a la producción campesina, el Gobierno podría estudiar ampliar la compra de la producción campesina destinada hacia la merienda de las escuelas públicas. Por fin, la mejora de la educación en la zona rural no debería limitarse al estómago de los alumnos, sino que extenderse a la calidad educativa (formación docente, equidad educativa e infraestructura) y ampliación de las escuelas técnicas rurales.