La fundamentación del trabajo estuvo basada en la percepción general de que si bien el sistema formal de justicia garantiza la exoneración de aranceles y provee asistencia jurídica gratuita en el caso de demostrar insolvencia, existen muchos gastos que significan una barrera real para el usuario que accede al servicio de justicia, y que no son tenidos en cuenta a la hora de facilitar el acceso a justicia.

El criterio de elección fue con la intención de abarcar a un país del área Mercosur, otro de América Andina, y otro del Caribe, con el fin de estimar cuantitativamente las principales barreras económicas en el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad en el ítem de gratuidad de servicios, para una incidencia en políticas judiciales de la región.

Algunos datos de la muestra en Paraguay

La encuesta sobre costos reales de bolsillo fue realizada durante el mes de marzo del 2013 a 124 personas en el Poder Judicial de Asunción, y a 32 personas en Juzgados de Paz de Asunción y San Lorenzo.

Se han encuestado a 96 mujeres y 60 hombres en total. De los cuáles 44 eran de profesión abogados, 23 amas de casa, 18 estudiantes, 46 profesionales, 24 empleados y obreros en general y un desocupado.

Los hallazgos demuestran que la razón por la que la mayoría de los encuestados acude al sistema de justicia para realizar trámites sencillos, tales como legalizaciones permisos del menor, certificados de antecedentes, para los que en su gran mayoría manifestaron no necesitar abogados ni defensores públicos.

La mayoría también manifestó que utiliza el transporte público para acceder al sistema de justicia, gastando en promedio 6.322 guaraníes en pasajes. Las personas que acuden por medios propios ya sean motocicletas, autos o camionetas, gastan en promedio 118.500 guaraníes para asistir al sistema de justicia.

Al ser consultados por pagos de honorarios a profesionales abogados, en el caso de quienes necesitaban el servicio, el promedio que pagaban por causa hasta el momento de la consulta fue de 2.866.666 guaraníes.

De las 156 personas consultadas, solo 4 contaban con un defensor público, 2 de estas personas manifestaron tener gastos en fotocopias. De igual forma 1 de 4 manifestó haber gastado en aranceles. Así como 2 de 4 gastó en alimentación y 1 de 4 sufriría un descuento de 150.000 guaraníes por haberse ausentado del trabajo para acudir al servicio de justicia.

Sobre el Observatorio de Acceso a Justicia de América Lantina y el Caribe

El Observatorio de Acceso a Justicia de América Latina y el Caribe, cuya dirección es www.observatoriojusticia.org,  está impulsado por el Centro de Estudios Judiciales, a través del área de Justicia y Derechos Humanos.

A través de este observatorio organizaciones de la sociedad civil de la región latinoamericana y caribe en red, cuyo trabajo se relaciona con grupos de la población considerados en situación de vulnerabilidad van conociendo más sobre el acceso a justicia y los aspectos que lleven a fortalecer la real protección de las personas en el cumplimiento de sus derechos, a través de la vigilancia y el monitoreo del acceso a la justicia.

Acceda aquí al informe completo de la encuesta

Fuente:

Centro de Estudios Judiciales del Paraguay