Un informe estadístico analiza el impacto social y académico de la iniciativa, detalla que de 63 personas registradas como atendidas durante el servicio, 7 (siete) son del sexo masculino, mientras 54 (cincuenta y cuatro), son mujeres. El rango de edad de las personas que recurren al servicio oscila entre los 17 y 70 años de edad. “Se aprecia que el rango de personas que recurren en mayor número son las que se hallan comprendidas de entre de los 21 y 30 años, y en un muy reducido número las personas de entre 61 y 70 años de edad, quienes conforman el sector etario de la Personas Adultas Mayores. Un total de 16 personas no han declarado su edad” detalla el informe.

En el material también se destaca que es necesario dirigir campañas a los sectores doblemente vulnerables como las personas de la tercera edad, en condiciones de pobreza y extrema pobreza” expresa el resumen elaborado por la Carrera de Derecho de la Universidad Americana, con la que el Ministerio de Justicia, a través de su Vice Ministerio de Justicia, mantiene un convenio de cooperación.

El Proyecto SOL fue posible mediante la asistencia técnica de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), en el marco del Programa EuroSocial II, que en su componente de Orientación desarrolló actividades que permitieron obtener resultados concretos como: La Guía de Intervención para el SOL, El Plan Estratégico para la implementación de un Programa Nacional de Casas de Justicia y un Manual de Orientación y Asistencia Legal a personas en situación de vulnerabilidad en base a las lecciones aprendidas del proyecto piloto.

El proyecto SOL sirvió también como plan piloto para el Programa Nacional de Casas de Justicia, que en alianza con el Poder Judicial, concentrará a las distintas instituciones del Ejecutivo, y el sector privado a fin de brindar asistencia legal gratuita a los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Este programa se encuentra en pleno proceso de diseño en el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Acceso a la Justicia, quien será la encargada de articular la red de organizaciones para el acceso a la justicia.

“La evaluación positiva consiste en el aporte de la Universidad, a través del proyecto SOL, a la población objeto del servicio; y en particular al Estado paraguayo, con el descongestionamiento del sistema judicial, otorgando una alternativa válida para la solución de los conflictos en los sectores más desfavorecidos del área de influencia del Proyecto” concluye el informe.