En este escenario, existen dos caminos a seguir íntimamente relacionados, si deseamos encontrar salidas razonables, en el marco de lo posible, pero en base a los ideales y principios que nos guían. Uno es el de la búsqueda de la mayor participación ciudadana posible, por medio de mecanismos, procedimientos y campañas públicas, que en conjunto garanticen un proceso de selección transparente, serio y basado en méritos, desde la presentación de las candidaturas, pasando por la conformación de ternas. El otro es el de la búsqueda de acuerdos políticos, que se sin duda se darán en base a la correlación de fuerzas existente a nivel partidario, pero que deberán atender al interés de la ciudadanía en general, el que supuestamente éstos deben representar y respetar.

La síntesis de estos dos caminos nos lleva a la noción de deliberación y a un retorno al origen de la concepción griega de la política, donde lo que determina las decisiones en última instancia es bien común de la colectividad. Esto contextualizado en el funcionamiento de nuestros Estados modernos, donde la complejidad y expansión del espacio público impiden una participación directa, nos lleva, entre otras cosas, a contemplar a la sociedad civil como un ámbito determinante para la legitimidad de las decisiones de la clase política, en su rol de mediador cualificado en los asuntos de relevancia nacional.

En este sentido, existen experiencias y propuestas concretas, que han demostrado efectividad cuando se las han puesto en práctica en forma correcta. El contenido del proyecto de Ley sobre “Mecanismos de Participación ciudadana en el proceso de selección de Magistrados Judiciales”, elaborada conjuntamente por Semillas Para la Democracia y el Diputado Nacional, Sebastián Acha, del Partido Patria Querida, es un aporte a la apertura del proceso de selección de jueces que debe llevar a cabo el Consejo de la Magistratura.

En esta propuesta, existen tres herramientas que creemos fundamentales: a) la evaluación de antecedentes, b) el examen de oposición y c) la entrevista en audiencia pública, a lo que le debemos sumar una efectiva campaña de educación cívica a través de diversos medios de comunicación masiva y dirigida, de manera a que las candidaturas pasen por el cedazo del control ciudadano, además de hacerlo por el “filtro” del Consejo de la Magistratura.

Una vez más debemos señalar, sin duda alguna, que dicho órgano es, en el marco de este desafío puntual y para la independencia de la justicia en general, un gran obstáculo por su estado de cooptación partidaria y por grupos de poder retardatarios. La recuperación del sentido original del Consejo de la Magistratura, como un órgano pluralista en el que la correlación equitativa de fuerzas pueda garantizar la no injerencia de factores externos a la estricta competencia de méritos y aptitudes en la conformación de las ternas[1], es un objetivo que no se debe perder de vista, y al que creemos estamos contribuyendo al emprender esta nueva iniciativa sobre la vacancia del TSJE.

Por último, desde Semillas deseamos señalar, aunque esto tenga que ver en última instancia con una función eminentemente partidaria, que, la apuesta a un frente en el que se articulan partidos y organizaciones especializadas, responde a la importancia que otorgamos al rol de los partidos en una democracia. En esta línea de trabajo, creemos que además de la denuncia y la exigencia públicas, la función fundamental de una organización partidaria, en un frente de éstas características y con un objetivo tan delicado e importante, debe ser la de contribuir a generar las condiciones políticas en los ámbitos naturales de acción de las mismas –parlamento, otros partidos, etc.-, para que las propuestas e inquietudes de la ciudadanía sean atendidas efectivamente y no queden en el mero reclamo, algo que desde nuestra organización consideramos contribuye poco y nada al avance cualitativo de nuestra frágil democracia.

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