¿Cuál el objetivo fundamental del cej al tratar de introducir dos conceptos prácticamente “desconocidos” para los miembros del sistema judicial? (en referencia a: planificación participativa y ética judicial)

El sistema ético, si bien existe hace un tiempo considerable, presenta una debilidad al aplicarse únicamente a los jueces. Es así que los mismos se hallan en una “isla de ética” en donde el resto del entorno de la administración de justicia goza del privilegio de no estar sujeto a dichas normas. Es por ello que el Centro de Estudios Judiciales, en el marco del programa Fortalecimiento del Estado de Derecho (CEJ, CIRD, USAID), trabaja en oposición de una barrera cultural muy sólida relacionada a las costumbres, al statu quo. Sabemos que todo cambio genera resistencia inicialmente, pero con el tiempo se conduce a prácticas incorporadas en lo cotidiano y aplicadas con normalidad. A eso apuntamos. En cuanto a la Planificación Estratégica del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia ya había trabajado en la elaboración para los años 2005-2010. En este momento, de cara al nuevo quinquenio 2010- 2016, decide incorporar la visión ciudadana en el plan. Sin duda alguna, esto constituye un gran desafío para el Poder Judicial. La planificación se desarrolló con todos los actores judiciales y además un componente ciudadano, lo cual enriquece la visión de las autoridades y va a permitir recoger el insumo suficiente para llevar adelante los planes de mejoramiento de la justicia.

La planificación es una herramienta de desarrollo institucional enfocada a recoger insumos para llevar adelante planes operativos preciso que permitan mejorar la gestión interna de los despachos judiciales y transparentar los procesos administrativos internos en materia de recursos.

¿Cuál es el modelo de gestión que propone la sociedad civil para la corte suprema?

La Corte Suprema de Paraguay tiene una gran debilidad institucional debido a que los jueces administran los recursos del Poder Judicial. Este modelo impacta negativamente en la función principal de los jueces –tanto de la Corte como en los juzgados–, la cual es resolver conflictos.

En ese sentido, el CEJ vine desarrollando y discutiendo con la sociedad civil la necesidad de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales, asignando a los jueces funciones estrictamente jurisdiccionales. Además, se busca avanzar en un modelo en el cual la administración de los recursos económico-financieros queden en manos de los profesionales especializados en la materia, propiciando de esta forma la carrera técnicoadministrativa del sistema judicial.

El componente ética judicial, ¿tiene acompañamiento real de las autoridades de la CJS?

Existen señales positivas de acompañamiento al proceso de fortalecimiento del sistema ético judicial, las que se dieron con la integración del Tribunal de Ética y el Consejo Consultivo, además de la incorporación de capacitaciones en la materia a los funcionarios. Pero el real desafío se encuentra en extender a todo el Poder Judicial la incorporación de una cultura ética profesional. Es necesario que las autoridades fortalezcan la calidad en la gestión y la transparencia de manera a tener la autoridad y coherencia de exigir ética a los operadores, esencialmente depende de este liderazgo para llevar a cabo el proceso iniciado.

¿De qué manera la medida de “declaración jurada de bienes” disminuye las probabilidades de corrupción?

La declaración jurada de bienes es una herramienta básica de transparencia por la cual el funcionario presenta su patrimonio y rentas, y permite medir el origen de los mismos. Los riegos de corrupción no solo se encuentran en el enriquecimiento ilícito que puede realizar un servidor a costa de los bienes públicos, sino que más bien se concentran en el favorecimiento sobre las actuaciones y decisiones en los procesos judiciales. La administración de justicia tiene en sus manos el poder de tomar decisiones que afectan a la libertad, el patrimonio y otros intereses de las personas, por lo que es indispensable llevar adelante una vigilancia adecuada sobre los operadores. Estas declaraciones, con las verificaciones de correspondencia que realiza la Contraloría General de la República, permiten una mayor calidad en la justicia, y da como resultado una
gestión más íntegra y honesta de los funcionarios. De hecho, estos son requisitos para todo servicio público.

¿Cómo reaccionan los funcionarios ante las propuestas de capacitación y profesionalización?

La capacitación es una necesidad imperiosa para mejorar la calidad en la justicia. Los jueces requieren de una capacitación permanente por la complejidad de los temas que actualmente deben manejar. Paraguay es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un centro de entrenamiento para jueces. Los países de Latinoamérica han avanzado en centros de capacitación para cada operador del sistema, tanto jueces como fiscales. Es necesario avanzar en la consolidación de un centro de entrenamiento inicial y continuo para jueces y funcionarios que esté vinculado a la carrera judicial. Esto permitirá crear escalafones que motivarán en forma permanente a los jueces a seguir capacitándose, aun cuando lleguen a la plenitud de su carrera judicial.

¿Algún otro aspecto que quiera mencionar en esta entrevista?

La Corte Suprema de Paraguay viene asumiendo compromisos internacionales que surgen de la Cumbre Latinoamericana de Ministros de Corte Suprema, que se ha constituido en un organismo supranacional que aglutina a todos los poderes judiciales de Latinoamérica.

Es el órgano que marca y define las prioridades en tema de justica y es importante que Paraguay
avance en el cumplimiento de estos compromisos internacionales, para lo cual cuenta con ayuda de la sociedad civil y el acompañamiento de la cooperación internacional.