Para el Centro de Estudios Judiciales, CEJ, la resolución del senado que deja vacantes siete cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia implica un quiebre institucional. “El Senado adoptó un camino jurídicamente no  establecido. Con esta decisión, se genera un quiebre institucional que pone en jaque el equilibrio de poderes”, sostiene la dra. María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ.

“Los ministros de la Corte se declararon inamovibles haciendo uso de la facultad de interpretar los artículos de la Constitución Nacional que le otorga la misma Carga Magna. Podemos hablar de falta de ética o de otros factores, pero hay sin duda una facultad constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se plasmó en una resolución judicial. Y, en un Estado de Derecho, esta resolución es la última palabra en materia jurídica, en este caso con respecto a la inamovilidad. La única vía que tenía el Parlamento para destituir y proceder contra la inamovilidad es el juicio político”.

La decisión del Senado demuestra, una vez más, que no contamos en el país con una clase política madura acorde a las exigencias del país. El Centro de Estudios Judiciales viene sosteniendo que el cambio de ministros de la Corte no soluciona los graves problemas que tiene el Poder Judicial en este momento. Pero la clase política, en lugar de sentarse a diseñar unas reformas estructurales del Poder Judicial que apunte a mejorar el acceso a la justicia, y el ejercicio y la garantía de los derechos, solo lleva adelante una puja de poderes con la  posibilidad de tener una Corte Suprema de Justicia aliada o amiga ante los tiempos electorales inminentes.

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