El 15 de Junio, 11 campesinos y seis policías murieron y varias personas resultaron heridas, tras enfrentamientos durante un desalojo forzado en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Al menos 13 campesinos fueron detenidos en el lugar, incluidos dos menores que luego fueron liberados.

El fiscal a cargo de la investigación anunció ayer que se habían elevado cargos contra 14 campesinos.

Sin embargo, no se está llevando a cabo ninguna investigación en relación a la respuesta de la policía o de su potencial responsabilidad en las muertes.

“Es alarmante que no se esté llevando a cabo una investigación sobre la potencial responsabilidad de la policía. De acuerdo a informes, durante el desalojo habían más de 300 agentes, varios de ellos con armas de fuego y sólo unos 90 campesinos,” dijo María José Eva, investigadora de Amnistía Internacional.

Según testigos visuales, algunas de las víctimas fueron blanco de disparos mortales en el lugar, aun después de la finalización de las confrontaciones. Los testigos también afirman que el día después de los enfrentamientos se encontraron dos cuerpos en las tierras en disputa.

Una delegación de Amnistía Internacional que visitó el área el pasado Noviembre recibió información de organizaciones locales y familiares de víctimas sobre defectos en la investigación que se está llevando a cabo así como sobre instancias de malos tratos durante detenciones.

Investigaciones paralelas por parte de ONGs locales que deberían haber elevado otras líneas de investigación fueron descartadas por el fiscal sin suficiente explicación, según dijeron los abogados defensores.

“Aun cuando todavía estamos en el proceso de analizar los cargos, estamos preocupados sobre lo que parece ser la falta de una investigación exhaustiva y el presunto mal manejo de la escena del crimen. Se deben llevar a cabo investigaciones inmediatas sobre las alegaciones con respecto a los cuerpos que se encontraron al día siguiente para asegurar que no se llevaron a cabo ejecuciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos,” dijo María José Eva.

La delegación de Amnistía Internacional también se reunió con el fiscal a cargo de la investigación. Aun cuando los resultados de las pericias balísticas no habían sido recibidos en Noviembre, el Fiscal dijo que los responsables de las muertes ha habían sido identificados.

“Instamos a las autoridades a que tomen acción para asegurar que la investigación sobre los trágicos eventos de Curuguaty sea efectiva, justa y transparente y que todos los responsables sean llevados a la justicia. La impunidad no puede triunfar en este caso,” dijo María José Eva.

Información adicional
Las muertes tuvieron lugar en el contexto de un desalojo forzado de tierras en disputa en Curuguaty.
La falta de claridad con respecto a la propiedad de la tierra en disputa data del finales de los años 60s, cuando la compañía privada Campos Morombi SAC y A dice haberla comprado de La Industrial Paraguaya SA (LIPSA).

Desde 2004 comunidades campesinas que viven en el área solicitaron al instituto agrario de Paraguay la asignación de esas tierras, presuntamente abandonadas por años. Sin embargo, algunos informes apuntan a que la tierra había sido donada por LIPSA al ejército Paraguayo en los anos 60’s, aunque el titulo no está registrado.

El mismo grupo de personas ocupó la tierra en disputa al menos siete veces desde 2004. Ellos afirman que las tierras son del estado Paraguayo y que deberían ser sujetas a la reforma agraria y, por eso, ser dada a los campesinos.

TESTIMONIOS
Los nombres de los entrevistados y otros detalles fueron modificados para preservar su seguridad.
“No sabemos si es mi hermano a quién enterramos”Cristina, cuyos dos hermanos murieron durante los enfrentamientos, habló con Amnistía Internacional sobre lo que sucedió el viernes 15 de Junio.

“Estaba desesperada porque sabía que algo estaba pasando. Mis hermanos estaban ahí, luchando por la tierra. Se podía ver mucha policía, helicópteros, heridos. Traían heridos al pueblo, solo policías, a los campesinos los dejaban ahí.

“Uno de mis hermanos estaba ahí y dijo que entráramos, que mi hermano Mauricio estaba en el piso herido. Me acerqué y pedí a los policías entrar para auxiliarlo, pero no me dejaron entrar. Luego tampoco pude comunicarme por teléfono.

“Mi hermano estaba escondido viendo todo y escuchó que un policía le tiró un balazo en el pecho a Mauricio, que ya tenía una herida en la pierna, y lo mató.”

Al día siguiente, el sábado 16, se encontró el cuerpo de Miguel, el otro hermano de Cristina.
Los cuerpos de ambos fueron llevados a Asunción, donde se les practicó una autopsia. El Domingo su familia recibió los cuerpos de Mauricio y Miguel envueltos en una bolsa negra, cada uno en un cajón – y un certificado forense que documentaba que uno de ellos había muerto tras una hemorragia aguda causada por arma de fuego y el otro por destrucción de masa encefálica.

“Tenía un olor muy fuerte. Ni sabemos que es mi hermano Mauricio a quien enterramos. Era muy caro ir a una funeraria y pagar para que lo limpiaran así que lo enterramos así,” señaló Cristina.

El lunes 18, los cuerpos de los dos hermanos fueron enterrados.
“No se está investigando a los policías, pedimos eso, que los investiguen. La vida cambió mucho en la comunidad. En la escuela los niños hablan. Mi sobrino de 6 años ve a un policía y dice ‘un policía mató a mi papá’. Es difícil. No esperábamos que pasara esto,” dijo.

“Nosotros pedimos que investiguen a la policía”La primera vez que Raúl escuchó noticias sobre los enfrentamientos en Curuguaty, fue en la radio.
“Estaba en la ciudad y vine al centro de salud a ver si llegaba algún familiar mío herido, pero solo llegaron policías.”

Varias horas más tarde, cuando Raúl estaba regresando a su casa, una vecina lo llamó para avisarle que su hijo, Esteban, estaba en el hospital.Cuando llegó, su hijo estaba muerto.
“Fui al hospital a las 4pm y la persona no me dejó entrar. Solo a las 5 pude entrar y encontré a uno de mis hijos heridos y a Esteban, muerto.”

Sus hijos heridos están detenidos en una cárcel. Para Raúl y su familia es difícil visitarlos, por los costes que esto conlleva.
“Nosotros pedimos que investiguen a la policía, pero no se hace” explicó Raúl.

Para más información o para concertar una entrevista, favor de contactar a: Josefina Salomón, +44 207 413 5562, jsalomon@amnesty.org

Fuente: AI

Enviado a la Agencia SC Noticias por:

Angeles Riobó