El presidente de la Corte Suprema de Justicia, destacó el trabajo  inter- no realizado,  así como la colaboración de la cooperación nacional  e inter- nacional  que busca implementar las  100  Reglas  de Brasilia, constituyen una  declaración efectiva  en  toda  Latinoamérica de  una  política  judicial con perspectiva garantista de los derechos humanos.

Las  100   Reglas  de  Brasilia  tiene  por  objeto  facilitar  el  acceso a  la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad según edad, disca- pacidad, comunidades indígenas, género  y remover  los  obstáculos para garantizar  el acceso efectivo a la justicia sin discriminación  de las perso- nas  en condición de vulnerabilidad.

Los  avances expuestos: orientadores judiciales,  defensores públicos, servicios  de mediación; sitio web actualizado, rendición de cuentas y otros. Si bien son esperanzadores de un mejor servicio de justicia, son el cumpli- miento de las naturales obligaciones de las autoridades públicas  en el mar- co de una  República,  donde  las  autoridades ejercen  el cargo para  brindar un servicio eficaz y eficiente  y con la obligación de rendir cuentas.

Ahora bien, el servicio  de  Justicia  en  el Paraguay  todavía  debe  rendir cuentas desde el Congreso, la Presidencia de la República  y el Consejo de la Magistratura, logrando  acuerdos públicos,  de cara  a la ciudadanía, sobre  las bases de la honestidad intachable y la capacidad jurídica de los doctores en derecho para  integrar la Corte Suprema de Justicia.

Así mismo,  el Consejo  de la Magistratura y la Corte Suprema de Justi- cia deben rendir cuentas sobre  las designaciones de magistrados y fisca- les  idóneos, que  deberán brindar el servicio de justicia,  que  a su  vez se constituye en un derecho humano.

Con ministros, magistrados y fiscales designados por su honestidad y capacidad jurídica es posible  asumir  que pueda cumplirse más  eficiente- mente con las 100  Reglas  de Brasilia.