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El 15 de junio de 2012, 11 campesinos y 6 policías murieron, y varias personas resultaron heridas, tras los enfrentamientos que estallaron durante un allanamiento en el distrito de Curuguaty, en la región paraguaya de Canindeyú.
A comienzos de junio de 2013, un tribunal inició la audiencia preliminar sobre los casos de 12 campesinos que se enfrentan a cargos tales como ocupación ilegal de tierras, asociación criminal y, en nueve de los casos, el homicidio de los seis policías. No se ha acusado a nadie de la muerte de los 11 campesinos.
En estos momentos, la audiencia está suspendida.
Según la investigación de la fiscalía, los policías abrieron fuego contra los campesinos en defensa propia. Sin embargo, esas conclusiones contrastan con los informes de organizaciones no gubernamentales y testigos sobre la posible responsabilidad de la policía en las muertes.
“Conmociona que haya pasado un año y las autoridades no hayan hecho lo suficiente para investigar adecuadamente las 17 muertes. Las circunstancias del incidente deben examinarse a fondo, y todos los responsables de cada una de las muertes deben ser procesados sin demora”, ha manifestado María José Eva, investigadora de Amnistía Internacional sobre Paraguay.
Algunos testigos dijeron a Amnistía Internacional que a algunas de las víctimas las habían matado a tiros tras el enfrentamiento a pesar de que no suponían amenaza alguna para la policía. Asimismo, hay testigos presenciales que han afirmado que, al día siguiente de los enfrentamientos, se encontraron dos cadáveres en las tierras en disputa.
En marzo de este año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó también su preocupación por las alegaciones de defectos en las investigaciones, y pidió a las autoridades paraguayas que garantizaran una investigación imparcial, inmediata e independiente sobre los 17 homicidios.
“Para evitar la impunidad por las muertes de Curuguaty, la investigación debe examinar las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, y debe arrojar luz sobre las acciones policiales de aquel día. Las autoridades de Paraguay también deben asegurar que se garantizan el proceso debido y un juicio justo a quienes se enfrentan a cargos en relación con la violencia de Curuguaty”, ha declarado María José Eva.
Información complementaria
Las 17 muertes tuvieron lugar el 15 de junio de 2012 en el contexto de un desalojo de las tierras en disputa de Curuguaty. Las comunidades campesinas que viven en la zona llevaban desde 2004 pidiendo que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de Paraguay les entregara esas tierras, abandonadas al parecer desde hacía años. Esas mismas comunidades campesinas ya han ocupado esas tierras al menos siete veces.
En junio de 2013, un tribunal inició las audiencias preliminares sobre el caso. Esas audiencias están en estos momentos suspendidas en espera de la decisión de una cámara de apelaciones, tras la petición presentada por los abogados defensores respecto a si debían detenerse o no los procedimientos judiciales mientras se resolvía la controversia en torno a la propiedad de la tierra.
La falta de claridad respecto a la propiedad de las tierras en disputa data de finales de la década de 1960, cuando la empresa privada Campos Morombi SAC y A dijo habérselas comprado a La Industrial Paraguaya SA (LIPSA). Algunos informes indican que LIPSA habría donado las tierras al ejército paraguayo a finales de esa misma década de 1960, pero el título de cesión no se registró.
Durante el primer día de las audiencias, la fiscalía pidió un sobreseimiento definitivo de los procedimientos contra otras tres personas acusadas inicialmente en relación con la violencia. Esa petición no llegó a resolverse a causa de la suspensión de la audiencia.
La fiscalía también presentó cargos contra dos menores en relación con la violencia de Curuguaty. En febrero de 2013, un muchacho de 17 años fue declarado culpable y condenado a dos años de prisión pero, a causa de su condición de menor, recibió un castigo alternativo. Otra menor que se enfrenta a cargos por las muertes de los policías sigue en espera de juicio en un proceso diferente.
Enviado a la Agencia SC Noticias por:
Sady Sarquis
Oficial de Comunicación
Amnistía Intenacional
Sección Paraguaya
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