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Recientemente el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) y la Corte Suprema de Justicia firmaron un acuerdo de cooperación mediante el cual la organización civil brindará asistencia técnica a la Corte para fortalecer al Poder Judicial en su capacidad de juzgar los delitos mencionados. Este proyecto es desarrollado como parte del Programa Estado de Derecho, un esfuerzo conjunto de USAID y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).
Roberto Úbeda, presidente ejecutivo del ICED, mencionó que el objetivo principal es lograr tribunales, jueces y funcionarios con conocimientos especializados en delitos económicos y de corrupción a fin de mejorar la capacidad del Poder Judicial para el juzgamiento de este tipo de delitos y así reducir los niveles de impunidad.
“En los delitos económicos y de corrupción generalmente convergen la delincuencia y el poder político, con todas las prerrogativas que ello implica a la hora de lograr la impunidad
de sus actos”
Los delitos económicos y de corrupción ocasionan un profundo daño social. Son considerados factores que contribuyen al aumento de la pobreza, causan atraso y postergación del desarrollo de los pueblos; y cargan a la comunidad con costos injustos. Este mal también desacredita la autoridad y reduce la confianza de la gente en sus instituciones democráticas (OEA). De allí la importancia de generar conciencia en la comunidad jurídica, sobre la importancia de contar con jueces especializados en el juzgamiento de este tipo de delitos, por la complejidad que muchas veces presentan. Asimismo, el ICED plantea la creación de nuevas unidades de investigación interna en organismos públicos para mejorar la capacidad de estas instituciones para la detección, investigación y denuncia oportuna de hechos ilícitos.
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En Paraguay no existe el Fuero Penal Económico “La complejidad que en ocasiones presentan los delitos económicos y de corrupción hace necesaria cierta especialización, tanto en la investigación como en el juzgamiento de los mismos, dado que no es lo mismo para un juez juzgar un caso de homicidio o lesión corporal, que un caso, por ejemplo, de lesión de confianza, estafa o evasión impositiva”, explicó Roberto Úbeda. “A fin de lograr mayor eficiencia y eficacia en el juzgamiento de delitos económicos y de corrupción, es necesario contar, no solo con fiscales especializados en el tema, sino también con jueces, miembros de la defensa pública y abogados particulares con mayores conocimientos sobre este tipo de criminalidad, de manera a mejorar el debate en las distintas etapas del proceso penal. De ahí que este proyecto de ICED busca complementar el trabajo del Ministerio Público, intentando especializar a los demás actores del sistema de justicia”, explicó. |
La presión del poder político y del dinero en los casos investigados.
Actualmente el proyecto se encuentra
en una etapa de estudio cuantitativo
y cualitativo de los casos de delitos
económicos, relevados de los tribunales
de sentencia en lo penal de Asunción,
CDE y Encarnación.
Además de la complejidad propia de los delitos económicos y de corrupción, se suma también el tipo de autores que intervienen en estos delitos. “En los casos de homicidio por lo general el homicida es un ciudadano común, sin embargo, en los delitos económicos y de corrupción generalmente convergen la delincuencia y el poder político, vale decir que los partícipes en la mayoría de los casos ostentan poder político y económico, con todas las prerrogativas que ello implica a la hora de lograr la impunidad de sus actos”, explicó Roberto Úbeda, del ICED.
IMPACTO DEL PROYECTO
Los responsables del ICED afirman que resultará difícil, al menos a corto plazo, cuantificar el impacto del proyecto, dado que la reducción del tiempo de los procesos, por ejemplo, no necesariamente representaría un indicador de cumplimiento válido. Si se mejora la capacidad de juzgamiento, lo que probablemente vaya a ocurrir es que el juicio oral inclusive se extienda más porque el debate probablemente será mayor; pero, a la larga, si tenemos en cuenta el proceso en todas sus etapas, desde la denuncia hasta la sentencia de última instancia, probablemente el tiempo sea más corto por el hecho de que, al mejorar el debate en el juicio oral, se obtendrá una mejor sentencia, y los recursos interpuestos contra la misma podrían ser resueltos en menor tiempo.
Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de estudio cuantitativo y cualitativo de los casos de delitos económicos, relevados de los tribunales de sentencia en lo penal de Asunción, CDE y Encarnación. Estas circunscripciones fueron seleccionadas justamente por el tipo de delitos que se estudia, que presentan una mayor ocurrencia en estas zonas del país.
SE CONFORMÓ UN GRUPO DE TRABAJO
Este grupo de trabajo se conformó con representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial y tendrá a su cargo analizar la forma en la que los delitos económicos y de corrupción son juzgados y proponer a la Corte Suprema de Justicia las acciones tendientes a mejorar la capacidad del Poder Judicial para el juzgamiento de este tipo de delitos, que eventualmente podría incluir la creación de un fuero especializado.
“Independientemente a la decisión que adopte la Corte Suprema de crear o no un fuero especial, se prevé llevar adelante actividades de capacitación de los actores del sistema de justicia”. Indicó Roberto Úbeda.
Una de las primeras tareas que debrá llevar a cabo el grupo de trabajo será definir los delitos a ser considerados de contenido económico, a fin de poder cuantificar la carga de trabajo y considerar si la misma ameritaría la creación de un fuero especial.
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Delitos considerados en el análisis: |
Contacto
Instituto de Estudios para la Consolidación
del Estado de Derecho (ICED)
Tel/Fax: +595 21 222 370 / +595 985 214 348
Correo electrónico: info@iced.org.py
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