La declaración jurada de bienes es una herramienta preventiva de lucha contra la corrupción, que permite fomentar la transparencia y la integridad en el servicio público, a través de la documentación del estado patrimonial de los servidores, que de manera honrada y responsable rinden cuentas del uso de los recursos públicos que le son confiados.

Según la Constitución Nacional, la Contraloría General de la República solo se ocupa de vigilar la presentación o no de la declaración. Compete al Poder Judicial controlar, aparte de la presentación, las actualizaciones posteriores, según reglamento.

Hay que recordar que el Poder Judicial, a través de la resolución Nº 2783, es el primero de los tres poderes del Estado que reglamentó este deber constitucional como requisito indispensable para ascensos, recategorizaciones, traslados y concursos de funcionarios y magistrados del Paraguay.

Sin embargo, el CEJ ha detectado obstáculos interistitucionales que impiden esta práctica de transparencia,
por lo que ha trabajado en establecer un acercamiento con la Contraloría General de la República, encargada de recibir y verificar las declaraciones y el Poder Judicial. El propósito es lograr el apoyo mutuo de las instituciones en los fines comunes de control, transparencia e integridad y facilitar la realización de las presentaciones de declaraciones juradas.

En los últimos meses se ha trabajado en coordinación con la Dirección de Asuntos Internacionales, la Dirección de Administración y Control de Personal y la Dirección de Auditoría Interna, de manera que el proceso pueda ser agilizado y simplificado.

Actualmente, se está ajustando un protocolo que facilitaría la presentación y el registro de las declaraciones juradas de funcionarios del Poder Judicial, de manera que tanto en la capital como en las circunscripciones del interior del país los funcionarios puedan cumplir con el deber constitucional, ya que tienen el obstáculo de la distancia, puesto que la Contraloría General de la República se halla centralizada en la Capital de la República.

Los esfuerzos institucionales del Poder Judicial van en sintonía con el reciente comunicado emitido por la Contraloría General de la República, sobre la vigencia de la obligación constitucional de presentar declaración jurada de bienes para funcionarios públicos.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
En el 2011, el Programa Más Justicia llevó adelante la campaña de sensibilización a funcionarios y magistrados del Poder Judicial denominada “Más transparencia, mejor justicia” tanto en la Capital del país como en circunscripciones del interior (Alto Paraná, Concepción, Guairá, Caaguazú e Itapúa), a los efectos de facilitar y estimular la realización de presentaciones y actualizaciones de declaraciones, de acuerdo al Plan Nacional de Integridad, del cual el Poder Judicial es partícipe.

De los 8.634 funcionarios del Poder Judicial, solo 5.754 habían presentado su declaración jurada de bienes al iniciarse la campaña, equivalente al 66%, en marzo del año pasado. El número de presentaciones en los meses siguientes a la campaña, hasta octubre del 2011, fue de 795, según datos de la Contraloría General de la República, Dirección de Control de Personal Público. Y hay que tener en cuenta que la cifra representa tanto nuevas declaraciones como actualizaciones. Todavía queda mucho trabajo por hacer para la garantía de este deber constitucional a favor de la transparencia en el Estado.

El Programa Más Justicia es un esfuerzo conjunto de USAID y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) enfocado en el apoyo a reformas en el sector Justicia del Paraguay. Tiene por objetivo incrementar la transparencia y el cumplimiento de la ley. Comprende dos ejes de acción: sistema de Justicia y reformas anticorrupción.

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