Roberto Úbeda   afirma que el 2012 fue un año bastante provechoso para todas las iniciativas que desarrolla la institución a su cargo. “Iniciamos el año con el decreto del Poder  Ejecutivo  N° 8333 que modificó el decreto que reglamenta las funciones de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, creando la Dirección de Auditoría Forense. Esto podemos considerar el mayor logro de este año; a partir de ahí se trabajó en la conformación de esa oficina; que actualmente cuenta con un director y funcionarios nombrados. Actualmente estamos en contacto con instituciones tales como el MSPyBS, el Senave y también el Ministerio del Interior, para promover la creación de unidades de auditoría forense ya con colaboración de la Dirección de Auditoría Forense de la Auditoría General del Poder Ejecutivo”, relató Roberto Úbeda, del ICED.

¿Cuál es  la importancia de instalar esas unidades de auditoría forense?
Al contar con dependencias especializadas en auditoría forense, las instituciones públicas mejoran considerablemente su capacidad para detectar e  investigar indicios de hechos ilícitos, vale decir delitos y faltas administrativas, y de esta manera, tienen la posibilidad de remitir información más concreta y más completa, ya sea al Ministerio Público o a los órganos encargados de la investigación y el juzgamiento de las faltas administrativas, con lo cual estos órganos tienen mayores posibilidades de éxito en su labor. Al lograrse mayor efectividad en la persecución y el juzgamiento de estos hechos ilícitos, se reducen los niveles de impunidad, lo que genera un efecto disuasivo para la comisión de actos de corrupción.

Aunque en principio pudiera resultar paradójico, la experiencia nos ha demostrado que una mayor capacidad de detección e investigación de estos hechos ilícitos disminuye la cantidad de casos remitidos al Ministerio Público o a las dependencias encargadas de sumarios administrativos. Sin embargo, esta especialización mejora sustancialmente la calidad de la información remitida, lo que posibilita a estos órganos concentrarse en aquellos casos en los que  tendrían  mayor  posibilidad de éxito y no distraer su tiempo y sus recursos en aquellos casos que posiblemente terminarían por ser archivados o desestimados.


¿Existe posibilidad de instalar este tipo de oficinas en otros ministerios?
Precisamente, uno de los principales objetivos del Programa es promover la creación e instalación de unidades de auditoría forense en instituciones públicas. Esto surge a raíz de la experiencia positiva que se ha tenido con la creación de la Dirección de Auditoría Forense en la Contraloría General de la República.

Creemos que están dadas las condiciones para la instalación de estas oficinas porque, en primer lugar, las autoridades de las distintas instituciones públicas cada vez son más conscientes de la importancia de mejorar la comunicación y la cooperación con el Ministerio Público de manera a disminuir los niveles de corrupción, y en segundo lugar porque, como señalamos, ya se cuenta con un marco normativo y una oficina en la Auditoría General del Poder Ejecutivo que se encargará de promover la especialización en auditoría forense en las demás instituciones públicas.


¿Cómo trabajará esta  oficina dependiente del Poder Ejecutivo?
Si bien al principio del Programa Más  Justicia  teníamos  previsto crear por lo menos dos unidades de auditoría forense en ministerios  claves,  pensamos  que  una mejor  estrategia  sería  crear  una dirección de auditoría forense en la Auditoría del Poder Ejecutivo y a través de ella, que es la que establece los lineamientos generales de la auditoría interna en todos los órganos del Poder Ejecutivo, delegar en la auditoría forense del Poder ejecutivo la función de di- fundir ese concepto de auditoría forense y transferir esa capacidad a cada una de las auditorías internas de las instituciones. Al instalar esta Dirección General, el paso siguiente es seguir fortaleciéndola y apoyando la formación de unidades  de  Auditoría  Forense  en las demás instituciones del Poder Ejecutivo.

¿Cuáles son las otras instituciones en donde el ICED trabaja este tema?
También estamos trabajando con el Ministerio  de  Obras  Públicas (MOPC) y con la Dirección Na- cional de Contrataciones (DNCP). Con el MOPC se había firmado un Acuerdo de Cooperación y se estaba trabajando con la Unidad de Asuntos Internos. El caso de la DNCP, estuvimos trabajando en la creación de una oficina de investigación de infracciones  administrativas, que es una instancia que se encarga de investigar cuando se detecta algún tipo de infracción que pudiera ser cometida tanto por los oferentes en el proceso de con- tratación, como por las empresas contratistas   en la fase de ejecución de los contratos. Se creó esa unidad, se establecieron las nor- mativas internas de las funciones y procedimientos, y se impartió capacitación a los funcionarios.

 

Sobre el ICED
El Instituto  de Estudios para  la Consolidación del Estado  de Derecho  (ICED) es una organización  que desarrolla las actividades previstas en el Programa Más Justicia, enfocado en “Apoyo a Reformas en el Sector  Justicia del Paraguay,  con el objetivo de Incrementar la Transparencia y el Imperio de la Ley”. El Programa  Más Justicia es desarrollado de manera conjunta  entre  la Agencia de los Estados Unidos para  el Desarrollo Internacional (USAID) y el Centro de Información y Recursos para  el Desarrollo  (CIRD).

 

 

“La especialización de los tribunales en materia de delitos económicos y de corrupción es una necesidad del Poder Judicial”

¿En qué consisten estos tribunales especiales?
Este  componente  del  programa lo estamos trabajando más directamente con la Corte Suprema de Justicia. Lo que estamos buscando es tratar de especializar a los Tribunales en materia de delitos económicos y de corrupción. Así como el Ministerio Público ya cuenta con  una Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), queremos que los órganos encargados de juzgar los casos también tengan tribunales espe- cializados. En ese sentido, noso- tros habíamos firmado un acuerdo el año pasado con la Corte Suprema de Justicia y se conformó un grupo de trabajo integrado por jueces y   por miembros del Ministerio Público para estudiar las distintas alternativas de especialización. El mismo está liderado por el ministro Luis María Benítez Riera, que fue designado como representante de la Corte Suprema ante el Programa.

Este grupo de trabajo ha elaborado un anteproyecto de ley de creación de un fuero penal económico que actualmente se encuentra a consideración del pleno de la Corte Suprema. Asimismo, se ha presentado un proyecto de acordada para crear una oficina de apoyo a los jueces en materia de delitos económicos y de corrupción, que también se encuentra a consideración del pleno y actualmente ya cuenta con un dictamen favorable de la asesoría jurídica.

¿En qué contribuirá a la justicia contar con ese  fuero especial?
La principal contribución será una mayor eficacia en el juzgamiento  de  los  delitos  económicos  y de corrupción ya que se contaría con órganos jurisdiccionales con los conocimientos jurídicos y técnicos  de  disciplinas  afines tales como la economía, contabilidad, entre otras, que requieren este tipo de hechos punibles que por lo ge- neral son mucho más complejos que los delitos comunes.

¿Por qué es  importante que la ciudadanía conozca  estos temas?
Justamente, para generar conciencia en la sociedad civil y especialmente en la comunidad jurídica sobre  la  importancia  de  contar con órganos jurisdiccionales es- pecializados en la materia, a fin de que este tipo de delitos puedan ser resueltos de la mejor manera posible, atendiendo a que afectan no a una persona o un grupo de personas en particular, sino a toda la sociedad.

La gente no percibe muchas veces los delitos económicos o de corrupción como un mal que nos afecta todos. A fin de ilustrar esto, a menudo en los talleres y cursos que realizamos se pregunta a los participantes si alguno ha sido víctima de algún hecho punible, y los que levantan la mano seña- lan que han sido víctima  de robo, hurto, lesión corporal, etc., pero nunca nadie dice “yo fui víctima de la evasión impositiva de tal em- presa”. Es decir que la gente no es consciente de que el contrabando, la evasión impositiva, el cohecho o la lesión de confianza de algún funcionario público nos afectan a todos, porque sustraen recursos al Estado que, por ejemplo, podrían haber sido invertidos en salud, educación o seguridad. Lo que queremos es que la sociedad civil sea consciente de que al  juzgarse este tipo de hechos y   castigarse a los responsables se podrá contar con un Estado con mayores recur- sos a la hora de responder a las necesidades del ciudadano.


El ICED capacita a estudiantes y a la comunidad jurídica sobre Derecho  Penal Económico
El presidente ejecutivo del ICED, Roberto Úbeda refiere que gran parte  de este 2012 la institución  concentró sus  esfuerzos en promover el conocimiento del Derecho  Penal Económico.  En ese sentido, se llevaron
a cabo  actividades de difusión, tanto  en Asunción, como en otras  ciudades del país, de un material  que constituye la primera obra a nivel nacional  especializada en Derecho Penal Económico, que ha sido editada en
el marco del Programa.  Se trata  de una compilación  de las ponencias y artículos que fueron escritos por los expositores internacionales que visitaron el país  y también por consultores de ICED, sobre
temas relativos  al Derecho  Penal Económico. Las actividades estuvieron dirigidas no solo a jueces y agentes fiscales, sino también a abogados y estudiantes de derecho.

Es importante señalar que en el marco de este mismo  componente, el ICED desarrolló
el Programa  Práctico de Subsunción, que es un material  coleccionable que actualmente cuenta con 11 fascículos, mientras se
sigue  trabajando en el desarrollo de más fascículos hasta completar 15.  Este material  coleccionable explica la técnica de la subsunción y propone  algunos
ejemplos prácticos para  su aplicación  a los denominados delitos  económicos.
Según  explicó Roberto Úbeda, el Programa  Práctico de Subsunción está destinado principalmente a los jueces, funcionarios  judiciales  y agentes fiscales.
Sin embargo, a fin de que toda  la comunidad jurídica pueda tener  acceso al mismo,  se ha decidido  publicar el material  en formato digital en la página  web de ICED, www.iced. org.py, de donde  puede ser  descargado de forma gratuita  en formato  PDF.



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