En Paraguay, las denuncias por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes se han triplicado en los últimos años, pasando de 788 en 2005 a 2298 en 2010. Y esto es solo una pequeña parte del problema, ya que muchos de los abusos sexuales en niños y niñas no son denunciados.
La conmemoración de este día es muy importante para recordar a toda la ciudadanía y las instituciones públicas que la lucha contra esta desgarradora realidad de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente es una responsabilidad compartida.
En Paraguay, existe aún un contexto cultural que reproduce prácticas discriminatorias hacia mujeres, niños y especialmente niñas. Esto se evidencia en cierta tolerancia o permisividad hacia el abuso sexual y la trata de personas, delitos que afectan mayoritariamente a jóvenes del sexo femenino. Esta situación favorece a los abusadores y a los clientes explotadores de personas menores de 18 años.
Tanto la sociedad como las instituciones del Estado tienen su cuota de responsabilidad y la posibilidad de hacer algo para cambiar las cosas. Es necesario adoptar medidas urgentes.
Algunas de ellas son:
· que las familias y las instituciones educativas brinden suficiente información a los niños y niñas para que puedan protegerse o solicitar ayuda en caso necesario;
· que las cámaras legislativas promulguen una ley específica para proteger de esta situación a los niños, niñas y adolescentes, ya que Paraguay se regula jurídicamente con la ley 1600 “Contra la violencia doméstica” y el Código Penal, pero ambos no cubren todos los tipos de violencia;
· que mejoren los presupuestos con los que cuentan policías, jueces y fiscales para perseguir a los criminales e imponer castigos ejemplares;
· que se fortalezca la coordinación de las instituciones, ya que en la situación actual, junto con las escasas denuncias, es muy difícil obtener cifras y datos reales de la magnitud del problema para ajustar las estrategias de intervención, las políticas y planes del Estado;
· que los medios de comunicación, al informar de un caso de abuso sexual, puedan contextualizar el fenómeno, más allá del reporte descriptivo del hecho ocurrido, para permitir que la audiencia comprenda mejor el problema y sus causas. También, proteger la intimidad e identidad del niño o niña, para evitar su estigmatización social o discriminación posterior;
· que el Estado paraguayo destine los esfuerzos y recursos necesarios para mejorar la implementación del Sistema Nacional de Protección, que tiene definido por ley implementar programas de prevención y protección a los niños en todo el territorio nacional;
· que el Estado disponga de servicios públicos que puedan asumir el largo y doloroso proceso de atención y recuperación psicológica y afectiva que necesitan los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y violencia.
En este sentido, el presidente electo Horacio Cartes se comprometió a promover la protección de niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de violencia, maltrato y abuso, de acuerdo al documento “20 compromisos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y la adolescencia”, que firmó en el marco de una iniciativa impulsada por Unicef y el Frente por la Niñez y la Adolescencia.
El documento establece que la protección se hará efectiva “a través de una mayor inversión, la mejora en los sistemas de registro y estadísticas de casos, de la articulación interinstitucional para la prevención y atención de las víctimas y la promoción y aplicación de leyes específicas contra la violencia y la trata”.
Unicef insta a toda la ciudadanía, a todas las instituciones públicas y autoridades en ejercicio y electas el pasado mes de abril a que colaboren en la lucha contra este flagelo, con paso decidido hacia la tolerancia cero contra la violencia, el maltrato y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
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