El material subraya que es importante asegurar que los presupuestos de programas dirigidos a niñez y adolescencia estén blindados y tengan prioridad política, ya sea en tiempos de bonanza como de crisis. De la misma forma, hay que asegurar la continuidad institucional de los programas sociales existentes, otorgarles un presupuesto plurianual y establecer impuestos específicos para financiarlos.
A pesar de los avances logrados en los últimos años, los indicadores de pobreza infantil son alarmantes, ya que el 43% de los niños, niñas y adolescentes vive en esa situación, o sea, más de un millón de ellos, de los cuales casi el 60%, más de 600.000, se encuentra en condiciones de pobreza extrema, sufriendo graves carencias de alimentación, salud y educación.
La situación es peor para la infancia de las áreas rurales, ya que casi 600.000 niños, niñas y adolescentes de estos sectores padecen la pobreza, de los cuales el 68% se encuentra bajo la línea de extrema pobreza. En las ciudades, esta condición afecta a más de 435.000 niños, siendo el 46% extremadamente pobre. Entre los niños indígenas es aún más alarmante, ya que la pobreza extrema afecta al 63% de ellos.
Si consideramos que de su buen desarrollo dependerá el capital humano que impulse el desarrollo del país en pocos años, es urgente tomar medidas que reflejen en la inversión el grado de prioridad dada a su nutrición, salud, educación y protección desde la concepción hasta los 18 años.
¿Cuánto se destina?
Paraguay destina 9,7% de su PIB a la inversión social, y casi la mitad está dirigida a la niñez y la adolescencia. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), nuestro país está en el último lugar en la región en cuanto a inversión en salud y educación. Mientras tanto, los países vecinos llegan por lo menos al 15% y como máximo al 26% en este campo. Unesco recomienda destinar el 7% del PIB solo a educación, y Brasil recientemente aprobó utilizar el 10% en este tema.
La inversión social en infancia como porcentaje del PIB ha disminuido de 6% a 4,6% entre los años 2000 a 2011, de la misma forma que como componente del gasto público de la administración central, que retrocedió tres puntos porcentuales de 2001 a 2007.
De acuerdo al material de Unicef y el Frente por la Niñez y la Adolescencia, históricamente la inversión en la infancia estuvo fuertemente concentrada en educación, y en los últimos años fue dirigiéndose a otros sectores, particularmente salud, protección social y de la niñez, que casi duplicaron su proporción en el total.
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