Silencing Dissent: Restrictions on freedom of opinion and expression persist in Sudan se analiza cómo las autoridades están ejerciendo la censura sobre los periodistas secuestrando ediciones de periódicos ya impresas, impidiendo a los vendedores distribuir ejemplares y acusando de delitos falsos a periodistas y directores de publicaciones.

“Aunque los ataques a la libertad de expresión no son una novedad en Sudán, la práctica de acosar e intimidar a personas críticas con el gobierno se ha intensificado desde enero de 2011” ha afirmado Erwin van der Borght, director del Programa de Amnistía Internacional para África. 

“Desde mayo de 2011, las autoridades sudanesas han restringido gravemente la libertad de expresión cerrando 15 periódicos, secuestrando más de 40 ediciones de periódicos, deteniendo a ocho periodistas y prohibiendo escribir a otros dos” ha explicadoVan der Borght.

Sólo en los dos primeros meses de 2012, las autoridades sudanesas suspendieron la actividad de tres periódicos aplicando disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Nacional de 2010, que permite al Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) prohibir toda publicación que contenga información que se considere una amenaza para la seguridad nacional.

En abril de 2012, las autoridades confiscaron dos ediciones del periódico Al Midan ya impresas, causando un grave descalabro económico a la publicación.

En marzo de 2011, las autoridades sudanesas detuvieron y acusaron a periodistas que habían informado sobre las acusaciones formuladas por Safia Ishaag, activista y estudiante de arte de 26 años que aseguraba que tres agentes de seguridad la habían detenido en Jartum el 13 de febrero de 2011 y la habían violado, torturado y pateado hasta perder el conocimiento.

El Tribunal de Prensa impuso a Fatima Ghazali, reportera del diario Aljareeda, una multa de 2.000 libras sudanesas (unos 740 dólares estadounidenses) por escribir sobre Safia y pedir una investigación sobre los malos tratos que había sufrido la estudiante. El redactor jefe del diario, Saad Eddin Ibrahim, fue condenado a pagar 5.000 libras (unos 1.860 dólares) en relación con el mismo artículo. Fatima Ghazali se negó inicialmente a pagar la multa y estuvo dos días detenida.

Las autoridades también se han infiltrado en sitios web de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube con el fin de reprimir a los activistas que utilizan estos medios para compartir información y coordinar manifestaciones u otros actos públicos.

Según contaron activistas a Amnistía Internacional, durante su interrogatorio a cargo del NISS les pidieron su dirección de correo-e y sus contraseñas de Facebook.

Además, la organización ha sabido que son habituales las tergiversaciones de la legislación y del código de conducta de la prensa por parte de miembros de los servicios de inteligencia y seguridad para reprimir la disidencia.

El artículo 5.2 de la Ley de Prensa y Publicaciones de 2009 establece lo siguiente:“No podrán imponerse restricciones a la libertad de publicación periodística salvo en aplicación de lo dispuesto en esta Ley en relación con la protección del orden público, la salud y la seguridad nacionales; no se podrán secuestrar ni cerrar periódicos ni se podrá encarcelar a periodistas y editores por cuestiones relacionadas con su trabajo salvo en aplicación de lo dispuesto en esta Ley.”

Esta ambigua definición de lo que no puede publicarse deja amplio margen a las autoridades sudanesas para suspender la actividad de periódicos y editoriales “si considera que han violado los términos de la práctica periodística”.

El Código de Conducta del Periodista de 2009 establece que los periodistas deben “defender el interés, la unidad, la pervivencia y la integridad de la patria”. Agentes del NISS están utilizando esta disposición para criminalizar la libertad de expresión, entre otras cosas restringiendo la labor informativa sobre los conflictos armados en Sudán.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades sudanesas que pongan fin a las medidas represivas contra periodistas y activistas y que investiguen todos los abusos cometidos por los servicios de seguridad

Enviado a la Agencia SC Noticias por:

A.Riobóo

Vicedirectora de Comunicación AI Paraguay

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