En los últimos años Amnistía Internacional ha apoyado los legítimos reclamos de las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa para que puedan regresar a sus tierras ancestrales, tal y como la Corte ordenó a Paraguay en el 2005 y el 2006, respectivamente. En el caso de la comunidad indígena Yakye Axa, tras una larga lucha por recuperar sus tierras ancestrales, el pasado mes de enero el gobierno paraguayo y el propietario de unas tierras llegaron a un acuerdo para la compra de unas 11.300 hectáreas a favor de la comunidad.

Amnistía Internacional celebró el resultado de las negociaciones. Sin embargo, pese que el acuerdo se cerró hace más de seis meses las 90 familias de Yakye Axa, siguen sin poder mudarse a sus tierras porque todavía no se ha construido el camino necesario para acceder a ellas y que también había sido acordado. Según informes, este retraso no ha sido motivado solamente por las intensas lluvias en la zona durante las últimas semanas sino también por la falta de atención de las autoridades relevantes para priorizar la ruta. Amnistía Internacional lamenta esta actitud y solicita al gobierno que haga todo lo que esté en sus manos para que Yakye Axa pueda ingresar a sus tierras a la brevedad.

La organización observa con estupor cómo a pesar del enorme tiempo transcurrido desde que los representantes de Sawhoyamaxa empezaron a reclamar sus derechos –más de 20 años-, las perspectivas para que la comunidad pueda regresar a sus tierras ancestrales siguen siendo inciertas. Esto sigue condenando a un centenar de familias indígenas a vivir al costado de la carretera entre Pozo Colorado y Concepción, con acceso limitado a servicios básicos. A pesar de que hace unos meses se iniciaron negociaciones entre el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y representantes de las empresas propietarias de las tierras reclamadas, las conversaciones se habrían suspendido y no se conocen acciones concretas por parte de las nuevas autoridades de Paraguay para avanzar en el cumplimiento de la Sentencia de la Corte de 2006 en cuanto a la restitución de tierras. Amnistía Internacional también tiene conocimiento de las recientes acciones de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Paraguay ante el Poder Ejecutivo para el pleno cumplimiento de la sentencia internacional.

Amnistía Internacional espera que el cambio de autoridades no implique un nuevo retraso para abordar los reclamos de la comunidad asegurando, si es necesario, los fondos suficientes para la adquisición de las tierras. Cualquier decisión sobre las tierras que serían adquiridas para ser entregadas a las comunidades, debe ser consultada con las personas afectadas a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado, conforme lo establecen los estándares internacionales a los que Paraguay se encuentra obligado.

Paraguay es el único país de la región que enfrenta tres sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un conflicto de tierras ancestrales. En agosto de 2010 la Corte resolvió a favor de otra comunidad indígena, Xákmok Kásek. A estas tres sentencias de cumplimiento obligatorio se suman las recomendaciones del Comité para la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas de 2011 a Paraguay. Entre otras recomendaciones, el CERD exhorta al Estado a cumplir cabalmente con las sentencias de la Corte y reformas para garantizar mecanismos efectivos para la denuncia, el reclamo y la restitución de tierras a las comunidades indígenas en Paraguay.

Amnistía Internacional urge a las autoridades de Paraguay, en especial al Presidente del Gobierno, Procuraduría General de la República y al INDI a:

• Cumplir sin más dilaciones la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la restitución inmediata de las tierras ancestrales de la comunidad Sawahoyamaxa.
• Garantizar la participación de la comunidad Sawhoyamaxa y de sus representantes en todos los planes sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte sobre la restitución de sus tierras ancestrales y a obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de ponerlos en práctica.
• Agilizar todos los trámites y trabajos en la zona para que la comunidad Yakye Axa pueda acceder a sus tierras de forma inmediata.
• Cumplir plenamente con las medidas establecidas por la Corte encaminadas a la supervivencia de las comunidades indígenas, especialmente en lo que respecta al suministro de alimentos, agua potable y atención médica adecuada.
• Establecer medidas concretas para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones del CERD de 2011 en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas en Paraguay.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional ha hecho también un llamado a los gobiernos de la región a que prioricen los derechos de los pueblos indígenas frente a intereses económicos. En un informe sobre la situación de los derechos indígenas en América publicado por Amnistía Internacional en el día de hoy, la organización solicita a las autoridades en la región medidas concretas para que los derechos de los pueblos indígenas sean una realidad, incluido su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

Enviado a la Agencia SC Noticias por:

Angeles Riobó

Vicedirectora de Comunicación AI Paraguay

comunicacion@py.amnesty.org