“Este avance pone de manifiesto el compromiso de Brasil en el tratamiento de los derechos humanos a nivel nacional, así como también en el resto del mundo”, afirmó Pillay. “Es un primer paso esencial y muy bienvenido para curar las heridas del país y aclarar las injusticias del pasado”.  

Durante una misión oficial a Brasil en 2009, Pillay llamó la atención sobre la necesidad del país de establecer una Comisión de este tipo, lo que ha estado en agenda durante muchos años. La Comisión fue prevista en el Tercer Programa Nacional de Derechos Humanos en 2010, pero solo recientemente superó los últimos trámites legislativos en el Congreso Nacional.

La Comisión que está siendo establecida deberá trabajar para la promoción del derecho a la verdad, además del conocimiento y entendimiento público de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante 42 años de represión política entre 1946 y 1988. La ley que crea la Comisión fue firmada este viernes por la Presidenta Dilma Rousseff, quien a su vez fue víctima del tipo de violaciones que la Comisión investigará.

Al mismo tiempo, la Presidenta Rousseff promulgó una ley de Acceso a Informaciones Públicas, dirigida en parte a permitir a la Comisión de la Verdad hacer públicos los hechos e informaciones. La Alta Comisionada animó a Brasil a adoptar medidas adicionales para facilitar el procesamiento de los supuestos responsables por violaciones pasadas a los derechos humanos comprendidas en los resultados del trabajo de la Comisión. Tales medidas deberían incluir la promulgación de nuevas leyes para derogar la Ley de Amnistía de 1979 o declararla inaplicable, ya que impide la investigación y el fin de la impunidad por violaciones serias de los derechos humanos, contraviniendo el derecho internacional en materia de derechos humanos.  

La Comisión estará conformada por siete miembros con un mandato de dos años para investigar tales violaciones. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos espera que esta Comisión siente las bases para el futuro castigo de quienes resulten responsables de asesinatos, tortura, desapariciones forzadas y otras atrocidades. En total, se estima que cerca de 500 personas fueron asesinadas o sometidas a desaparición forzada durante el régimen militar brasileño.

“Ellos y sus familias han estado reclamando reparación por los abusos sufridos durante más de cuatro décadas, y tienen el derecho a ver que se haga justicia”, expresó Pillay. “Además de resaltar la verdad sobre incidentes particulares, estas comisiones investigan los tipos de violaciones del pasado, sus causas y consecuencias”, agregó.

“En última instancia el trabajo de la comisión, que incluye revelar los testimonios de las víctimas, que a menudo son dolorosos, debería ayudar a los brasileños a entender y reconocer su propia historia, que hasta ahora ha sido frecuentemente cuestionada o negada”, manifestó la Alta Comisionada. “Las comisiones de verdad también buscan evitar futuros abusos, suscribiendo recomendaciones especiales sobre reformas institucionales y políticas públicas”.

Pillay observó que la oficina de derechos humanos de la ONU ha acumulado una considerable experiencia a lo largo de los años en apoyar a los Estados en sus esfuerzos por buscar medidas efectivas de justicia transicional.

“Frecuentemente, la experiencia ha mostrado que las sociedades no pueden disfrutar en plenitud de un desarrollo sostenible ni de la reconciliación sin afrontar los abusos del pasado contra los derechos humanos”, señaló la Alta Comisionada. “En su calidad de potencia política y económica emergente, el claro reconocimiento de esto por parte de Brasil es un avance muy importante, tanto en la región como a nivel mundial”.


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ACNUDH, Oficina Regional para América del Sur, Santiago de Chile:
Jennifer Ross: +562 321 7750 / jross@ohchr.org

 

Enviado a la Agencia SC Noticias por:

Andrea Machaín