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Quienes viven en la pobreza no solo hablan de tener pocos guaraníes diarios, hablan de si sus hijos e hijas pueden ir a la escuela, de si podrán vivir en condiciones humanas, del miedo a la violencia, de temor a que se les excluya de las decisiones, de perder sus medios de vida, de sufrir discriminación por cualquier motivo, de no tener acceso a la justicia.
Hablan de cómo su vida implica privación, inseguridad, exclusión y falta de voz.
Hay situaciones en las que la relación entre la pobreza y las violaciones de derechos humanos es especialmente sangrante.
En el Paraguay, la pobreza sigue siendo la peor crisis de derechos humanos. Aún se encuentra pendiente una agenda de acciones tendientes a superar todo aquello que provoca la pobreza, y sus consecuentes esquemas de discriminación y violencia.
“Conforme a la Encuesta Permanente de Hogares 2011, la población paraguaya considerada en situación de pobreza representa 32,4% del total de habitantes del país, lo que significa que cerca de 2 millones 96 mil personas residen en hogares cuyos ingresos son inferiores al costo de una canasta básica de consumo estimado para dicho año. Asimismo el 18% de la población, se encuentra en situación de extrema pobreza, llegando a 1 millón 165 mil personas aproximadamente, siendo mayor la proporción en el área rural que la urbana.
La República del Paraguay tiene la oportunidad de mostrar su liderazgo global en este asunto. Al convertirse en Estado Parte del Protocolo, transmitirá a otros Estados un mensaje claro, respecto a la importancia de que las víctimas por la violación de cualquiera de los derechos humanos puedan acceder a la justicia.
ENTREGA DE FIRMAS
Activistas de Amnistía Internacional Paraguay, entregaron en la fecha más de 1.000 firmas a la Ministra María Lorena Segovia (MJT), en representación de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, solicitando la ratificación del Protocolo Facultativo y la garantía de proteger los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
INFORMACION ADICIONAL
Información sobre el PIDESC:
¿Qué es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituye el principal marco legal, de alcance internacional, para la protección y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. Al ser un tratado circunscrito al sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, este Pacto engendra obligaciones internacionales de carácter vinculante para los Estados Partes.Además, los derechos económicos, sociales y culturales se consagran también en otros tratados internacionales, como los que abordan la discriminación racial, la discriminación contra la mujer y los derechos de la infancia, y en tratados regionales de África, América, Europa y la Liga Árabe.
Los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) tienen la obligación de garantizar que todos sus ciudadanos puedan disfrutar de todos los derechos previstos en el Pacto.
¿Qué es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
En diciembre de 2008, la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este protocolo es un mecanismo de presentación de quejas que permitirá obtener justicia a través de la ONU a las personas cuyos derechos se hayan violado en sus propios países o no hayan podido acceder a un recurso efectivo.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, órgano independiente de expertos, será el encargado de tomar decisiones en relación con las quejas recibidas. Este Protocolo no sólo beneficiará a las personas que presenten quejas, sino que probablemente sus decisiones influirán en los tribunales nacionales y regionales de todo el mundo. Además, al examinar quejas concretas, contribuirá a aclarar cuáles son las obligaciones de los gobiernos en virtud de los derechos recogidos en el Pacto, a poner de manifiesto los casos de negligencia por parte de los gobiernos a la hora de hacer cumplir los derechos económicos, sociales y culturales, y a documentar y conocer las violaciones que sufren las víctimas.
Más información:
Enviado a la Agencia SC Noticias por:
Ángeles Riobóo
Directora de Comunicaciones
Amnistía Internacional Paraguay
comunicacion@py.amnesty.org
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