El 8 de febrero de 1975 la dictadura estronista dispersó a punta de represión a familias campesinas de la Comunidad Jejuí, como parte de la desarticulación de la Ligas Agrarias Cristianas. Las mismas se asentaban en unas 230 hectáreas que habían comprado con sus sacrificios a la familia Trapani.

Después de la cruenta redada, apresamientos y torturas a los miembros de la comunidad, las chacras y casas fueron saqueadas y destruidas por las fuerzas estronistas encabezadas por los represores Pastor Coronel y José Félix Grau. Finalmente las tierras fueron entregadas al primo del dictador Stroessner, Ramón Matiauda.

En los últimos años del régimen y con más intensidad al finalizar éste, las familias de Jejuí realizaron gestiones para recuperar sus tierras, teniendo a su favor documentaciones y hasta recibos de sus pagos. Sin embargo en 1994 el Instituto de Bienestar Rural (IBR) las transfirió a la ciudadana Flora Rivarola de Velilla.

Desde entonces las familias campesinas empezaron un juicio de “Nulidad de Título y Obligación de Hacer Escritura Pública” a favor de ellas. Diez años duró la causa y les dio la razón en todas las instancias, sin embargo hasta hoy la finca no fue titulada a nombre de la Asociación San Isidro del Jejuí, primero por dilaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y ahora por nuevas acciones judiciales presentadas por la familia Velilla Rivarola, indica un comunicado de la asociación.

Esta familia presentó una “Demanda de retención de inmuebles” por las mejoras que habrían hecho durante el tiempo en que tuvieron las tierras, y apostando de nuevo a quedarse con las mismas, desplazando a las familias agricultoras.

“La “demanda de retención de inmueble” promovida por los Rivarola Velilla se funda en títulos anulados y tasaciones realizadas por ellos mismos, ambos sin ninguna validez formal ni legal”, explica el comunicado. Y relata que fueron los jueces Fernando Benítez Franco y Guillermo Lezcano, de San Pedro, quienes están de vuelta favoreciendo irregularmente con sus fallos a la misma familia, incluso intentando hacer desalojos irregulares.

La misiva expresa que “ocho familias se encuentran viviendo en las tierras recuperadas por las vías judiciales y administrativas. Al parecer, es inminente que la “Demanda de Retención de Inmueble” sea favorable a los demandantes de la mano de sus jueces exclusivos”. Y que ante esto la asociación campesina presentó una denuncia ante la Dirección de Gestión Jurisdiccional para que se inicie una investigación.

FOTO: http://paioliva.blogspot.com

Publicado en: http://www.baseis.org.py/base/leermasDestac.php?noticia=787