El estudio, titulado “La Polis Amenazada: (In)seguridad ciudadana y democracia en América Latina y el Caribe”, fue presentado en la sede de la OEA por su Secretario General, José Miguel Insulza, y el Observador Permanente de España ante la OEA, Javier Sancho, cuyo gobierno ayudó a financiar el estudio, y fue coordinado por el Departamento de Seguridad Pública de la OEA.

El Secretario General Insulza planteó que la seguridad ciudadana, que será uno de los temas centrales de la VI Cumbre de las Américas en abril, es “el principal problema desde el punto de vista de la opinión pública”. Recordó que el último Latinobarómetro –un prestigioso sondeo sobre el comportamiento de la democracia en el continente- concluye que “el tema que ocupaba la primera atención de un gran número de países es el tema de la seguridad. El temor de las personas ha aumentado sustantivamente, y éste es un tema por lo tanto que está preocupando en serio a los gobernantes de la región”.

El máximo representante de la OEA destacó que el estudio presentado conecta la inseguridad con la democracia, tema central que está en el corazón de las actividades de la Organización, y resaltó que asumir la existencia de dicha conexión es crucial para seguir avanzando en el bienestar de la región. “Hay temas o asuntos que son incompatibles con la democracia; uno de ellos es la existencia de castas o de grupos sociales que tienen derechos distintos de la sociedad, y eso de alguna manera ocurre con la creciente desigualdad que existe en nuestra región”, indicó. Apuntó luego, que “otro, es precisamente el hecho de que en una sociedad existan grupos organizados con sus propias normas, sus propias leyes, que no obedecen las leyes de la sociedad, y eso es lo que ocurre hoy con el crimen organizado”.

El Embajador Sancho sostuvo por su parte que “la inversión decidida en la seguridad pública, en el marco del Estado de Derecho, es condición indispensable para crear democracia de calidad, esa que hace avanzar en el desarrollo humano, la que se apoya en instituciones sólidas y genera ciudadanía”. “Por eso hemos considerado del mayor interés participar en este proyecto”, añadió.

Entre los resultados del estudio, Casas Zamora destacó la relación directa entre el incremento en la percepción de inseguridad y la reducción de la confianza en el sistema democrático: “Por cada escalón de cambio en la percepción de la inseguridad de una persona —por ejemplo, si pasa de sentirse ‘más o menos insegura’ a ‘muy inseguro’—, es más o menos un dos por ciento más probable que esa persona vea erosionado su apoyo a la democracia”, explicó.

“Ese efecto en los niveles de apoyo a la democracia es más importante que el efecto de la condición socioeconómica, o que el efecto de los años de escolaridad o que el efecto de la religiosidad”, describió Casas Zamora. “Lo que es muy notable para mí, al realizar esta investigación, es la consistencia de ese hallazgo, que la percepción de inseguridad en particular, mucho más que la victimización, termina erosionando todos los elementos de apoyo a la democracia”, puntualizó, entre los que mencionó la erosión del Estado de Derecho, el deterioro de los “vínculos sociales”, la debilitación del Estado y su legalidad y el ejercicio reducido de las libertades individuales.

El autor del estudio explicó que la influencia de la percepción de la inseguridad es tal que contribuye más que otros factores a que la población exprese, por ejemplo, apoyo a un golpe de Estado en condiciones “de mucha delincuencia”, de la misma manera que el haber sido víctima de un crimen contribuye a la aprobación de que las autoridades actúen al margen de la ley para capturar criminales. De igual forma, por cada cambio en la escala de inseguridad, una persona es un 2,6 por ciento más proclive a apoyar “la posibilidad de administrar justicia por mano propia”.

En conclusión, Casas Zamora prescribió entre otras cosas “replantear la discusión” sobre la seguridad pública y, en particular, “la proliferación del discurso de mano dura, que rara vez tiene éxito en resolver los problemas de seguridad pero nunca falla en debilitar los principios cardinales del Estado de Derecho”. Además, enfatizó la necesidad de invertir más en desarrollo humano, en particular en oportunidades para la juventud, ya que el alto porcentaje (entre una quinta y una cuarta parte) de jóvenes en América Latina que no trabajan ni estudian “es una bomba de tiempo desde el punto de vista de la seguridad”.

Se puede acceder al texto completo del estudio aquí:

http://www.oas.org/documents/spa/press/La%20polis%20amenazada.pdf

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