A través de la solicitud, el CEJ requiere datos sobre las asistencias registradas en las sesiones ordinarias, extraordinarias, preparatorias y reuniones de comisiones de la Cámara Alta en los periodos parlamentarios comprendidos entre los años 2008 y 2012. La nota fue firmada por la dra. María Victoria Rivas,Directora Ejecutiva del CEJ, y todavía no ha sido respondida.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo a informes de prensa, algunos parlamentarios habrían pedido que no se divulgue la información pública solicitada y otros habrían dicho que no es obligación del presidente del Senado darla, el CEJ reitera que brindar información no es una dádiva sino un deber constitucional, que se corresponde con los tratados internacionales suscritos por el Estado paraguayo. El libre acceso a la información pública es un derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derecho Humanos, en su artículo 19.
La recomendación de la OEA, a través del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), se enmarca en un informe publicado recientemente, tras una visita in situ de representantes del organismo al país. El mismo incluye las observaciones elaboradas el Centro de Estudios Judiciales y otras organizaciones de la sociedad civil, en su informe paralelo elaborado, donde también destaca la necesidad de avanzar en la reglamentación.
Descargue aquí al Informe final de la Cuarta Ronda de Análisis del MESICIC/OEA
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_pry_sp.pdf
Enviado a la Agencia SC Noticias por:
Lic. Laura Bado.
Comunicadora institucional del Centro de Estudios Judiciales
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